La secretaria de Salud, Aidé Ibarez Castro confirmó que, desde enero, el hospital general de Atoyac tuvo conocimiento de una niña de 13 años embarazada a causa de una violación, pero la menor de edad rechazó el acceso a un aborto seguro, y pese a la solicitud de su mamá, el personal médico no pudo intervenir sin el consentimiento de la usuaria.
En consulta telefónica respecto a la denuncia de la directora de la Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las Mujeres, Marina Reyna Aguilar, sobre la actuación del personal médico que primero dio largas al procedimiento y una vez que el embarazo estuvo avanzado, la mamá de la niña tiene miedo de los riegos por la vida de su hija.
La también peticionaria de la Alerta de Violencia de Género por violencia feminicida, Reyna Aguilar denunció que el personal objetor de conciencia de conciencia del nosocomio, hizo desistir a la niña, que después tuvo comunicación con su agresor, el padrastro que tampoco fue detenido por la Fiscalía General del Estado (FGE), y la animó a concluir el embarazo.
Del caso dado a conocer la semana pasada, Ibarez Castro informó que ha tenido “atención puntual desde enero, y la persona violentada se niega a hacerse el procedimiento. Si se niega, no se pueden realizar porque serían en contra de su voluntad”.
Desestimó la denuncia pública, al señalar que proviene de personas que dan asesoría y acompañamiento, “esa nota la sacó, no la familia, porque ahí la mamá la llevó a nuestros servicios, expuso el problema desde enero. Al proceso se le ha dado puntual, pero la niña, la mamá, la persona violentada, se niega a hacerse el procedimiento, no se pueden realizar”.
Insistió en que no es un problema de la Ssa, que ha dado todo el apoyo y atención, “pero en función de la decisión de la madre, aunque sea menor de edad, se tiene que respetar su decisión. Ella ha decidido tener a su bebé”.
Añadió que la institución opera bajo las normas. No están por arriba la decisión de la madre, aún violentada, no está por arriba la decisión de los demás, ni siquiera de su mamá (de la niña).
Afirmó que el servicio siempre estuvo abierto para cuando la usuaria quisiera regresar, “no es el pueblo el que va de decidir por ella, no somos nosotros. Si la madre decide tener al bebé, no podemos hacer otra cosa más que respetar su opinión”. El programa atiende a la violentada, no a la familia ni a las organizaciones, enfatizó.  (Lourdes Chávez / Chilpancingo)