Zacarías Cervantes

Chilpancingo

A un mes de los ataques a las comunidades de Tula, Acahuehuetlán, Xicotlán y Alcozacán, los pobladores aún no pueden bajar a Chilapa, la cabecera municipal, a comprar sus víveres, debido a que el operativo que se instaló para pacificar la zona, sigue siendo insuficiente y temen ser víctimas del grupo delictivo que los ha venido atacando, y que controla la ciudad.
El promotor del Consejo Indígena y Popular Emiliano Zapata (Cipog-EZ), Sixto Mendoza Limpia declaró por teléfono que no es posible que mientras se destinan miles de policías, agentes de la Guardia Nacional y militares para contener a maestros, madres buscadoras e integrantes de organizaciones sociales que se manifiestan en la Ciudad de México, a los pueblos indígenas que viven bajo la amenaza del crimen organizado les nieguen seguridad suficiente.
Esas cuatro comunidades de Chilapa fueron atacadas por el grupo delictivo de Los Ardillos del 6 al 11 de mayo.
El promotor del Cipog-EZ declaró que a pesar del operativo de militares y policías estatales que se instaló en los pueblos, los pobladores siguen pidiendo que haya más seguridad, sobre todo en Acahuehuetlán donde quieren que les instalen dos bases de corporaciones de seguridad.
“Pedimos que la seguridad no sólo se concentre en las ciudades donde se va a festejar el Mundial de Futbol. Como dice el ex presidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, primero los pueblos, primero los pobres, primero los indígenas”.
Informó que piden que se haga cargo de la seguridad en sus comunidades la Policía Federal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, “ya no confiamos en los militares ni en la Policía Estatal porque durante los ataques en Tula ahí estaban y se fueron, abandonaron el pueblo y lo dejaron en manos del grupo delictivo”.
Dijo que existe desconfianza de los habitantes a los soldados y a los policías estatales, “y mejor queremos a la Policía de Omar García Harfuch”.
Contó que los vecinos de Tula ya se quieren regresar a sus casas, pero piden que antes se instale esa policía para cuidar el pueblo, porque ya no confían en los que estaban antes de los ataques.
Contó que a un mes de los ataques siguen las amenazas del grupo delictivo, y por eso todavía no pueden bajar a Chilapa a hacer sus compras, mientras que los transportistas de la ruta Chilapa-Hueycantenango no los quieren llevar.
Mientras tanto, los habitantes de esas comunidades viven de los apoyos que han estado recibiendo de organizaciones altruistas que les siguen llevando víveres.
Mendoza Limpia informó que la ayuda más reciente que recibieron fue el martes de integrantes de la Iglesia Cristiana Bautista quienes les llevaron productos de la canasta básica.
Los habitantes de esas comunidades tampoco han recibido los apoyos de los programas sociales, uno de ellos el del fertilizante, a pesar de que ya comenzaron las lluvias y los campesinos comenzaron a sembrar.
Según el promotor del Cipog-EZ, ninguno de los campesinos de las 12 comunidades que pertenecen al sistema comunitario de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF) y del Cipog-EZ han podido bajar a solicitar su abono a la cabecera municipal por temor a ser atacados.
Los vecinos de estas comunidades nahuas tampoco pueden cobrar los apoyos de otros programas sociales como el de adultos mayores y Sembrando Vida porque tienen que bajar a retirar al banco de Chilapa.
El dirigente indígena indicó que están pidiendo desde hace tres años que les instalen cuando menos un cajero automático en Alcozacán para que los beneficiarios de los programas sociales de todos los pueblos que pertenecen al sistema comunitario retiren ahí sus apoyos.