El Estado mexicano no respondió a la solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que analiza las violaciones del Ejército en la comunidad de El Charco, en Ayutla, el 7 de junio de 1998, denunció la secretaria técnica de la Red Solidaria Década contra la Impunidad, Magdalena López Paulino.
El caso de la masacre de El Charco se encuentra en proceso de admisibilidad en la CIDH desde mayo de 2015, y el 4 de julio de 2017, hace casi dos meses se venció el plazo para que las autoridades mexicanas atendieran la respuesta que los agraviados dieron al informe del Estado entregado en mayo de 2016, donde las autoridades solicitaron el cierre y archivo del procedimiento.
Al omitir una respuesta el gobierno concede razón a los peticionarios de la investigación en el sistema interamericano, dijo López Paulino, y opinó que si no lo hicieron es porque no quieren tocar a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Recordó que uno de los argumentos de las autoridades mexicanas ante la CIDH, para cerrar el caso, es que se incumplió la norma de hacer la petición en los siguientes seis meses de concluido el proceso legal en el país de origen, pero la activista replicó que también hay jurisprudencia en la Corte Interamericana de que las ejecuciones extrajudiciales y la tortura (que se cometieron en El Charco) no prescriben.
Informó que el Estado señaló un amparo otorgado el 30 de mayo de 2002 a los sobrevivientes de la masacre, Erika Zamora Pardo y Efrén Cortés Chávez, que les permitió salir de prisión y a partir de ese día los agraviados tuvieron seis meses para recurrir a la CIDH, como establece el reglamento.
Mencionó que Erika y Efrén fueron acusados de terrorismo, delincuencia organizada, acopio y portación de armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas, y en juicio de amparo se declaró la extinción de la pena impuesta, fueron puestos en libertad y la petición ante la CIDH se hizo el 16 de junio de 2012, después de diez años.
Dijo de los sobrevivientes Juan García de los Santos, Adolfo Filiberto Concepción, Lázaro Pélaez Castro y Albino Sánchez Concepción, a quienes se declaró prescrita la acción penal el 27 de febrero de 2004, y de Alfonso Oliva Morales, Anastacio Simona y Bernardino García Francisco, no concluyeron los recursos de defensa en el sistema de justicia mexicano.
López Paulino insistió en que la respuesta al gobierno federal es que existen varias jurisprudencias para mantener vigente la demanda de justicia, y la más importantes es la no prescripción de las ejecuciones extrajudiciales y la tortura, aunado a que la comunidad estuvo militarizada en septiembre de 2016.
También entregaron la relación de los fallecidos que obtuvieron mediante el Archivo General de la Nación sobre táctica del Ejército, y la parte del expediente judicial donde Érika Zamora denunció que fue torturada.
Destacó que el reglamento de la CIDH indica que si una de las partes incumple la respuesta, se da por hecho lo que la otra parte ha declarado.
Expuso que hay dos mandos militares implicados en la masacre del 7 de junio, el general retirado Alfredo Oropeza Garnica, que tuvo formación en operaciones contrainsurgentes en la escuela de las Américas en Panamá, que fue denunciado por Erika y Efrén de haberlos torturado.
Asimismo Luis Humberto Castillo Leal, comandante de la zona militar de El Ticuí, a quien el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLAN) señala de haber ejecutado a cinco de sus integrantes.
Consideró que los militares son intocables pero deben ser juzgados, no obstante la negación del Estado a involucrar al Ejército. (Lourdes Chávez / Chilpancingo).