Policías estatales despedidos en mayo del año pasado se quejaron de que el secretario de Seguridad Pública estatal, Pedro Almazán Cervantes no respondió la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para que pagara los salarios caídos de los 176 agentes y su reinstalación en la corporación, y ya venció el plazo este lunes para dar respuesta a la demanda.
En conferencia de prensa afuera de las instalaciones de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), el policía despedido José Muñoz Franco dijo que en julio la CNDH emitió la recomendación número 069/2017 en contra de Pedro Almazán por el despido injustificado de los 176 agentes y por abuso de autoridad, lo que aceptó la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).
Muñoz Franco dijo que hace más de 10 días la CNDH llamó al presidente de la Codehum, Ramón Navarrete Magdaleno, a que intervenga para que el secretario responda las demandas de los policías estatales despedidos con el pago de los salarios caídos y reinstalación a la corporación.
Comentó que el lunes venció el término constitucional para el pago de los salarios caídos de cinco de sus compañeros que ganaron la demanda en contra de la Secretaría de Seguridad Pública, pero trabajadores de la Secretaría de Finanzas del gobierno del estado ofrecieron pagar sólo tres quincenas, lo que no aceptaron.
“El lunes se venció el plazo, ya iban a pagar sus cheques a los cinco policías quienes no aceptaron porque el juzgado dio una orden del pago de salario completo, no parcial, y el gobierno sólo les iba a pagar tres quincenas”, declaró.
Muñoz Franco dijo que continúan en proceso las cinco demandas pendientes para el pago de salarios, viáticos, el bono Día del Policía a los uniformados despedidos, así como la reinstalación en la corporación.
El policía despedido se quejó de que los cuarteles de la corporación están en malas condiciones, no tienen una cama nueva, colchones o colchonetas para descansar, los consultorios médicos no tienen pastillas para el dolor de muela y cabeza, no les dan armas, patrullas ni uniformes.
“Los compañeros deben estar a la altura para el desarrollo de la sociedad en brindar seguridad, la SSP debe aportar todo el material, armamento, equipo de trabajo, patrullas, municiones, salario suficientes, pero si no tenemos todo el apoyo en nuestro trabajo cómo van a desempeñar su labor para proteger a la población”, declaró.
Pidió al presidente electo Andrés Manuel López Obrador que ponga atención a los cuarteles de los policías en el país, en el caso de Guerrero con el gobernador Héctor Astudillo Flores, “para que equipe a todas la corporaciones, como armas, uniformes, patrullas, dotar de medicamento a los consultorios médicos y respeto a los derechos laborales”.
“Le pedimos a López Obrador con sus comisionado observen de cerca lo que está pasando en la Policía Estatal en Guerrero, han ocurrido violaciones a los derechos humanos, laborales, lo que pedimos no era difícil: trabajar tres días y descansar tres días, no se ha cumplido, los compañeros siguen trabajando seis días de descanso por 12 días de trabajo”, informó.
El 29 de mayo de 2017 unos 600 policías estatales de la región Centro, de Chilapa y Mártir de Cuilapan (Apango) pararon labores en el cuartel de Chilpancingo, para exigir al gobernador y al secretario de Seguridad una jornada laboral de tres días de descanso por tres de trabajo, y un bono de riesgo de 3 mil 500 a 12 mil pesos.
El 31 los agentes estatales terminaron el paro con una marcha y la Secretaría informó en un boletín que los había dado de baja definitiva a los 176 porque incurrieron en una conducta violatoria de la ley.