Familiares de desaparecidos, la mayoría de víctimas de Chilapa, pidieron su inclusión en el Registro Nacional de Víctimas (Renavi) sin importar que tengan denuncias del fuero común, lo cual les dijeron que es poco posible.
Familiares de vecinos desaparecidos en la Montaña baja, la mayoría de Chilapa, e integrantes del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos) se reunieron con un representante de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), y trabajadores de ese organismo estatal que lleva el mismo nombre.
Exigieron la atención médica a las víctimas, de las que el secretario de Salud Carlos de la Peña Pintos se comprometió que se les daría, pero no lo ha cumplido desde junio.
Después del encuentro defensores de derechos humanos, la CEAV y víctimas en la sala de maestrías de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Codehum), se plantearon las demandas urgentes para las familias, sobre todo porque no pueden acceder al Renavi lo que implica no tener los beneficios que necesitan, entre ellos salud, vivienda, educación, traslados y atención jurídica.
El organismo de derechos humanos solicitaron una reunión con la CEAV nacional en Chilpancingo, pues a las familias se les complica trasladarse a la Ciudad de México para las reuniones.
Al encuentro acudió un representante de la CEAV nacional, el médico Martín Nasif, el representante de la dependencia  estatal, médicos, psicólogos y un abogado.
Ahí el director del Centro Morelos, Manuel Olivares Hernández expuso que tenía un documento donde se plasmaron las necesidades de las familias.
“Nosotros hemos hecho varias peticiones en la Ciudad de México, precisamente para que la gente pudiera tener la atención médica que requiere… hay muchas víctimas indirectas que no estaban enfermas antes de que desaparecieran a su familiar, después de que desaparece pues prácticamente a muchos de ellos les salen enfermedades, los que estaban enfermos prácticamente se agravan, se agudiza”, informó el defensor de derechos humanos.
Fueron con el comisionado nacional de Protección Social de Salud para plantear la necesidad de caravanas médicas para  la atención de las víctimas indirectas de desapariciónm y para las familias desplazadas por la violencia, pero no pudo concretarse a pesar de que se habló con el secretario de Salud.
Dijo que  le entregaron una lista de la gente registrada, y se les prometió que se iban a poner en contacto, pero que no se ha hecho.
Denunció que el personal médico de los hospitales públicos no está preparado para atender a víctimas de desaparición.
Entre las víctimas hay nahuablantes, y no hay hay psicólogos que hablen la lengua, y eso entorpece la comunicación al momento de darles la atención psicológica. Ante lo que pidió una estrategia para resolver este problema.
El médico de la CEAV nacional dijo que se debe de tomar en cuenta que el personal que atiende a las víctimas debe de tener la sensibilidad de atenderlos, y en el idioma que hablen.
La demanda principal de las víctimas fue la inscripción al Renavi, como lo marca la Ley General  de Víctimas, independientemente de que tengan o no una denuncia del fuero federal, porque el registro es un requisito indispensable para acceder a los derechos que marca la ley.
Pidieron que la Procuraduría General de la República (PGR) atraiga los casos para que sean los encargados de la investigación, ya que la mayoría de desaparecidos y  homicidios son cometidos por integrantes de grupos de la delincuencia organizada, que es un delito federal, y pidieron que los trámites los pague la CEAV.
Además la mayoría de las víctimas indirectas que integran el colectivo son indígenas y campesinas, y las personas desaparecidas, la mayoría, eran el sustento económico y sostén de la casa, ante lo que se demanda que sean apoyadas para restaurar sus viviendas que han sido abandonadas luego de la desaparición de su familiar y están en deterioro.
El abogado Eder Rosas Manrique demandó la inclusión al Renavi que es una petición que se hace en otros estados, que han tratado de verificar las carpetas de investigación o de averiguaciones previas para determinar sí pueden ser consideradas federales.
Recalcó que la ley establece dos situaciones, los ámbitos estatales y los federales, y que sólo las víctimas de los delitos federales pueden acceder al Renavi.
Lamentó que han intentado hacer las gestiones para trasladar del fuero común al federal pero no se ha podido porque no se cumplen los requisitos.
Indicó que a quienes tenían demanda federal les llenarían el oficio para ingresarlos al Renavi, pero las víctimas reprocharon que han hecho muchas veces el procedimiento y siempre se los rechazan.
En la reunión tres familiares se quejaron de que tienen una demanda federal, y pese a eso han hecho el trámite diversas ocasiones y desconocen por qué no son aceptados.
El personal de la CEAV tomó nota del número de averiguación para verificarlo y saber el motivo.
“Yo creo que aquí hay que buscar una alternativa más práctica, es muy difícil que se pueda presentar una denuncia a nivel local y mucho más a nivel federal, ustedes saben que la gente que es testigo de los diferentes hechos, obviamente nunca quiere hablar y a nosotros nos preocupa que las autoridades  eludan su responsabilidad con esos pretextos, ahora ustedes deberían de estar al día con lo que se publica en los medios y saben que la CEAV local siempre ha argumentado que no tiene recursos, los 9 millones que les dan les alcanzan apenas para cubrir a su plantilla de trabajadores”, expuso Olivares Hernández.
Recalcó que la otra alternativa para acceder a recursos económicos es que  el gobernador Héctor Astudillo Flores firme un convenio con  la CEAV federal, para que le preste dinero y el siguiente año la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) le retenga el recurso, pero se lo regrese a la CEAV nacional, una propuesta que el gobernador no quiere firmar.
Una alternativa más es que colectivamente pudieran las familias interponer una queja, lo que tomaría cerca de medio año para saber si se emite una recomendación, que podría ser posible pero es desgastante.
Del servicio de salud para las víctimas el personal dijo que van a coordinarse con la Secretaría de Salud para hacer “una verdadera jornada médica”, que identifique las necesidades de salud, las que se necesiten de especialidad remitirlas a los hospitales  regionales o federales.
Sin embargo para acceder a gastos de traslados o viáticos también es necesario que las familias estén en el Registro Nacional.
Tanto las víctimas como el Centro Morelos no se fueron satisfechos de la reunión que sostuvieron, pues su principal candado para acceder a los apoyos es que sus denuncias no son del ámbito federal, y el estado no tiene dinero para apoyarlos.