El Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos) dijo en un comunicado que el gobierno no ha garantizado las necesidades como agua, alimentación, educación y salud a los desplazados por la violencia de la comunidad nahua de Quetzalcoatlán de las Palmas, Zitlala.
El 6 de enero se cumplió un año de que hombres armados ingresaron a dicha comunidad donde asesinaron a seis personas, por lo que las familias se tuvieron que desplazar a la cabecera municipal.
En el comunicado se explicó que el 15 de julio las familias que estaban en el albergue temporal regresaron a su comunidad después de reunirse con funcionarios del gobierno estatal, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Codehum) y de autoridades municipales, donde firmaron un acta circunstanciada donde el estado se deslinda de los desplazados.
En esta reunión “como alternativa para dar una solución duradera” a los desplazados, el gobierno del estado entregó a las familias la cantidad de 8 mil pesos, también se dejaron 60 colchonetas bajo resguardo del Ayuntamiento con el compromiso de hacer entrega a las familias además de 60 cobertores y 48 despensas, mismas que a más de medio año no se les ha entregado, se detalló el escrito.
Ese día también el presidente municipal, Roberto Zapoteco Castro verbalmente se comprometió en apoyarlos con dinero pero tampoco ha sido entregado.
En el documento se señaló que “los desplazados nahua-hablantes firmaron la acta circunstanciada sin entender los términos donde renuncian a sus derechos”.
Actualmente los pobladores aún estando en su comunidad permanecen como si estuvieran desplazados porque el gobierno incumplió con la Ley 487 donde establece que para prevenir y atender el desplazamiento interno deben gozar de todos sus derechos plasmados en la Constitución Mexicana conforme al Artículo 1 fracción cuarta, quinta y sexta, manifestó el centro en el comunicado
También aclaró que los menores deben vivir en un lugar libre de maltrato y de cualquier tipo de violencia y tener acceso a educación básica, que los desplazados tienen derecho a transitar libremente en su territorio y que se les dará un lugar para su reubicación, que en caso contrario podrán estar en su territorio si se les garantizan las condiciones de vida digna y seguridad.
“Sin embargo en la comunidad de difícil acceso carecen de agua potable, educación, personal de salud y medicamentos”, reprocha.