Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El diputado federal por Morena y sobreviviente de los ataques contra estudiantes de la Normal de Ayotzinapa el 26 de septiembre del 2014 en Iguala, Manuel Vázquez Arellano dijo ayer que mientras “siga el enemigo en casa”, no se va a resolver el caso.
En su participación durante el foro: Desaparición Forzada de Personas en el Estado de Guerrero, Vázquez Arellano dijo que “no quisiera estar en los zapatos” del presidente de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa Alejandro Encinas, de quien dijo que no puede avanzar en el caso porque “tiene el enemigo en casa”.
Añadió que por eso el fiscal especial Omar Gómez Trejo renunció recientemente porque ahí mismo, dentro de la Fiscalía General de la República estaban filtrando información para obstaculizar las investigaciones.
“Eran los mismos funcionarios de la Fiscalía los que filtraban la información y mandaban los datos a los indiciados para advertirlos”.
Vázquez Arellano, quien ha sido criticado por el movimiento de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos y por la dirigencia de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa de que aprovechó el movimiento para catapultarse como diputado de Morena,
reconoció que no se puede hacer nada pues exigir la renuncia de los altos funcionarios, sería retrasar otra vez el proceso.
Dijo que estas personas siguen colaborando con brindarles la información a funcionarios de los gobiernos anteriores “porque les deben sus puestos, esa es la realidad y no podemos echarlos porque ya ganaron derechos laborales”.
Recordó que apenas inició el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se creó la Comisión presidencial en enero del 2019 y la Fiscalía Especial, y el 3 de diciembre del 2018, dos días después de haber asumido el cargo emitió un decreto presidencial que obligaba a todas las dependencias a cooperar y coadyuvar en el caso.
Expuso que como en todo cambio de gobierno de cualquier nivel, desde el momento que López Obrador ganó la presidencia de la República el 2 de julio del 2018 el anterior gobierno se encargó de borrar las evidencias, “trataron de evitar que fueran investigados por la administración que seguía”.
“Borraron muchas evidencias que pudieran ser claves para dar con el paradero de los estudiantes de Ayotzinapa, y habría que reiniciar de nuevo, eso es lo que pasó y por eso ha costado tanto”, argumentó.
Concluyó que eso es el reflejo de una investigación que hasta el momento no ha podido dar con el paradero de los estudiantes.