Zacarías Cervantes

Chilpancingo

En abril del 2023, un jornalero declaró a El Sur que un grupo de guerrerenses fueron contratados por una empresa jalisciense y después fueron privados de la libertad, explotados, engañados y defraudados, lo que provocó que muchos de ellos, en la primera oportunidad, desertaran.
A casi dos años, y después del hallazgo de crematorios, fosas con cuerpos humanos, artículos y prendas de vestir de víctimas de desaparición forzada, en el rancho Izaguirre de Teuchitlán, quien hizo la denuncia esa vez, declaró que si bien no es el mismo rancho en el que estuvieron privados de su libertad, sino en uno cercano a Lagos de Moreno, sí recibieron torturas y malos tratos por hombres armados.
Tras el hallazgo en el rancho Izaguirre, algunos medios de comunicación nacional han informado que se trata del mismo rancho, pero en declaraciones recientes la fuente aclaró que el lugar a donde fueron llevados está cerca de Lagos de Moreno y distante de Teuchitlán.
El 1 de abril del 2023 el jornalero contó que fueron contactados por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y el Ayuntamiento de Chilpancingo 55 jornaleros agrícolas que después fueron privados de la libertad, explotados, engañados y defraudados por la empresa Big Force de Jalisco que los contrató con la promesa de que les entregaría su Visa para que trabajaran en Estados Unidos.
Declaró esa vez que al menos dos de los trabajadores que salieron el 15 de febrero fueron brutalmente golpeados por presuntos sicarios de un grupo delictivo, que, supusieron entonces, trabajaban en coordinación con la empresa que los contrató.
El jornalero informó que cuando recibieron la invitación para trabajar en la empresa les dijeron en la Secretaría del Trabajo que había la oportunidad de que adquieran una Visa de trabajo, pero no les dieron el nombre de la empresa.
Les explicaron que estarían en capacitación de tres a seis meses, según los vieran de avanzados antes de cruzar a Estados Unidos con su Visa de trabajo.
“Nos confiamos porque intervino el Ayuntamiento y la Secretaría del Trabajo”, pero dijo que al llegar a su destino las cosas cambiaron.
Primero les dijeron que los iban a llevar a Guanajuato para su capacitación, pero en el camino les cambiaron la ruta y se los llevaron a Jalisco y saben que estuvieron en un lugar cercano a Lagos de Moreno, como a 20 minutos de la ciudad.
Expuso que los tenían incomunicados en el dormitorio, sin contacto con nadie y sin salir a ningún lado, sólo un día a la semana podían salir pero vigilados para que no tuvieran contacto con otras personas, “nos prohibieron todo, no podíamos usar teléfono ni tomar fotos”.
El asunto se les complicó cuando una noche uno de los trabajadores llegó corriendo y gritando a los dormitorios: “ya valió gorro, ya valimos gorro, chingaron a un bato allá afuera y hay un desmadre, ni salgan está llegando un chingo de gente allá afuera”, les dijo.
El jornalero narró que cuando salían del dormitorio se encontraron a otro de sus compañeros corriendo y pidiendo ayuda, tras ellos llegaron hombres armados y la gente de la empresa aseguró que eran trabajadores de la misma empresa.
Indicó que hasta entonces se enteraron que “no sabían para quién estaban trabajando. Aquí no están en Guerrero, están en Jalisco y o se alinean o los alineamos”, les advirtieron.
Esa misma noche se enteraron que dos de sus compañeros que salieron a hacer ejercicio en los alrededores del rancho fueron sujetados por los hombres armados, los golpearon, y a uno de ellos le desfiguraron el rostro a golpes.
Dijo que después de ese hecho la mayoría pidió regresarse a sus pueblos y se desistieron de la Visa de trabajo, y la empresa les dijo que si se querían regresar sería por su propia cuenta.

Sí participaban el Ayuntamiento y la UAG, reconoció Norma Otilia

En su momento la ex presidenta municipal de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez reconoció que el Ayuntamiento participaba en el reclutamiento de jornaleros agrícolas, “sólo para que la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) cumpla los convenios que tiene con la empresa Big Force, un acuerdo que se estableció en el 2015 cuando era rector Javier Saldaña Almazán”.
Pero aseguró que desconocía que algunos de estos grupos habían sido secuestrados en un campo agrícola de otro estado cuando eran llevados a capacitación.
Adelantó que se investigaría la denuncia y que daría un informe detallado, situación que o no ocurrió o no informó de los resultados.
En tanto que el coordinador de Cooperación e Internacionalización de la UAG, José Betancourt Villa expuso que mediante su oficina se hizo un convenio de “buena fe” con la academia de capacitación y formación de jornaleros agrícolas Big Force y algunos ayuntamientos, “para que guerrerenses tuvieran la oportunidad de trabajar en condiciones óptimas en campos de Florida, Estados Unidos”.
Sin embargo, dijo que la institución no participa en el reclutamiento de trabajadores, “porque no es su giro”.
Por su parte, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), en voz de Luis Armando Baños Rendón informó entonces que la dependencia realiza única y exclusivamente la vinculación laboral de jornaleros con las empresas agrícolas extranjeras y mexicanas que tienen convenios con la Servicio Nacional de Empleo (SNE), “porque en el extranjero les piden experiencia y en un examen presencial confirman sus conocimientos, pero rechazó que la dependencia estatal haya tenido relación con lo sucedido a jornaleros en Jalisco donde fueron privados de la libertad, golpeados y amenazados un grupo del crimen organizado.