El señalamiento del representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Jan Jarab en el sentido de que es “dramática” la situación de los desaparecidos en Guerrero y “preocupante” la “debilidad institucional” para atender los casos, debe servir para que el gobierno incluya en su agenda el grave problema, coincidieron representantes de organismos civiles de derechos humanos.
El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández declaró que la opinión del enviado de la ONU “coloca el tema en el centro de la agenda pública”, y que ahora lo principal es que el gobierno determine cómo garantizar una atención digna a los familiares de quienes están siendo víctimas de desapariciones.
Mientras tanto el secretario técnico de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Manuel Olivares Hernández expresó que la percepción que se lleva Jan Jarab sobre el problema de los desaparecidos en Guerrero, es a raíz de los testimonios de los familiares de las víctimas que recibió el martes en Chilpancingo y el miércoles en Chilapa.
Barrera Hernández agregó que la declaración del representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas viene a reafirmar lo que han venido denunciado los familiares de los desaparecidos mediante diferentes formas para que se atiendan sus reclamos, y se garantice la búsqueda, pero que no les han hecho caso las autoridades estatales.
Dijo que los reclamos que oyeron de familiares y colectivos durante la visita del Alto Comisionado y del visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Ismael Eslava Pérez, es una expresión del drama al que se enfrentan a diario, pero que lamentablemente las autoridades no han tenido sensibilidad para atenderlos.
“Hace falta oficio político desde la perspectiva de los derechos humanos, y la visita fue con el fin de alertar al gobierno de que aquí hay una grave violación de derechos humanos, y no se ve una estrategia clara para revertir esta situación de descomposición”, declaró.
Añadió: “qué bueno que levantó la voz en nombre de las víctimas, y fue significativo que haya venido una representación de la CNDH porque tiene el objetivo de darle seguimiento a las investigaciones por esa vía, y darle cauce a este clamor y llame la atención a las autoridades”.
El director de Tlachinollan añadió que con las expresiones del representante del Alto Comisionado el gobierno tiene que cambiar su agenda y mirar desde dentro el problema de los desaparecidos.
En cuanto al reconocimiento del fiscal Xavier Olea Peláez en el sentido de que no cuenta con presupuesto para investigar los casos de desaparecidos, Barrera Hernández dijo que no sólo hay carencia de recursos económicos, sino también limitaciones profesionales e institucionales.
“También hay un déficit de confianza y de credibilidad a las actuaciones de la Fiscalía. No ha sido capaz de brindar confianza, de trabajar en coordinación con los familiares de las víctimas, no ha sido transparente en sus actuaciones y no ha aprovechado la precaria capacidad instalada para dar los mejores frutos y para que sus agentes investigadores tengan más sensibilidad y formación en derechos humanos”, expresó.
Agregó que ese es en realidad el boquete que hay en la Fiscalía, al margen de las limitaciones económicas.
Dijo que sin embargo las limitaciones económicas no pueden ser pretexto para que haya una cercanía y trato digno y veraz hacia los familiares de las víctimas.

El enviado de la ONU tuvo contacto directo con los familiares de las víctimas, como no lo han hecho las autoridades

El secretario técnico de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Manuel Olivares, explicó que el representante del Alto Comisionado palpó el grave problema de los desaparecidos en la entidad porque tuvo contacto directo con los familiares de las víctimas, como no lo han hecho las autoridades federales y estatales y por eso desconocen a fondo el problema.
Añadió que ojalá la opinión que dio antes de irse el comisionado sea tomada en cuenta por el gobierno estatal y comience a ver el problema en su justa dimensión.
Olivares consideró que la escasez económica de la Fiscalía que argumenta el fiscal no es justificación y tampoco problema de los familiares de las víctimas, quienes tienen derecho a ser atendidas y a que se resuelvan los casos que han denunciado.
“El gobierno tiene que buscar los mecanismos para atender el grave problema de desaparición de personas. Tiene que poner atención y buscar los recursos necesarios para poder dar esa atención”, insistió.
Explicó que gran parte de la inoperancia y de lo obsoleto que ha resultado la Fiscalía en el caso de los desaparecidos, tiene que ver con la colusión que hay de las autoridades y los órganos jurisdiccionales con los grupos de la delincuencia organizada.
“Tiene que ver con la corrupción que hay y da como resultado la impunidad en este tipo de casos”, denunció Olivares Hernández.