Abel Barajas / Agencia Reforma

Ciudad de México

En los últimos meses, Gualberto Ramírez Gutiérrez consiguió que fuera cancelada una orden de aprehensión por tortura en su contra y que fuera suspendido otro mandamiento de captura por el mismo delito.
El primero, por el caso de Ana Patricia Moller Vuilleumier, mujer que denunció a funcionarios y policías de la SEIDO por la supuesta fabricación de pruebas y siembra de droga a ella y su familia, como consecuencia de una disputa familiar.
El segundo, es un asunto consignado por los malos tratos denunciados tras su detención por César Nava González, ex subdirector de la policía de Cocula, implicado en el operativo para detener a los 43 normalistas de Ayotzinapa.
De un total de tres órdenes de aprehensión, sólo le quedaba vigente una, precisamente la que ahora lo tiene preso en el Reclusorio Sur, por supuestas torturas a Felipe Rodríguez Salgado “El Cepillo”, presunto miembro de Guerreros Unidos, grupo que desapareció a los estudiantes.
En diciembre pasado, el Octavo Tribunal Colegiado Penal en la Ciudad de México ordenó cancelar el proceso y la orden de reaprehensión que había sido girada contra Gualberto, por los abusos en agravio de la familia de Ana Patricia Moller, en Guadalajara.
En otro asunto menos conocido, el 4 de mayo de 2021 el Juzgado Primero de Distrito de Colima ordenó la aprehensión de Ramírez Gutiérrez por supuestamente torturar al ex jefe de la Policía de Cocula, tras su detención el 21 de noviembre de 2014.
El pasado 25 de mayo el Juzgado Noveno de Distrito de Amparo en la Ciudad de México otorgó un amparo al ex funcionario contra dicho mandamiento judicial librado por consignación de una averiguación previa.
La FGR ya impugnó este amparo y será resuelto en última instancia por un tribunal colegiado, pero la orden de aprehensión está suspendida en forma indefinida.