Ramón Gracida Gómez

El Charco, Ñuu Savi

“Reivindicarme en ese momento como militante de una organización guerrillera implicaba también que llegara la represión a muchos compañeros estudiantes que no tenían nada que ver con la guerrilla”, dijo Éricka Zamora Pardo de su reciente aceptación de formar parte del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) a 28 años de la masacre de El Charco.
En entrevista tras el acto conmemorativo del domingo pasado, se asumió como parte de la columna de los 12 integrantes del ERPI que pernoctaba junto con 26 civiles el 7 de junio de 1998 dentro de la primaria Caritino Maldonado Pérez en El Charco, entonces comunidad del municipio de Ayutla, actualmente de Ñuu Savi.
A las 2 de la mañana, relató la sobreviviente a El Sur, cientos de soldados del Ejército mexicano los rodearon y durante una hora hubo un “proceso de estira y afloja” a balazos entre las dos partes hasta que Honorio García Lorenzo, originario de Ahuacachahue, salió del aula hacia la cancha.
El indígena na savi, primero de las 11 víctimas mortales, era un civil que “traía su traje de manta, para ese momento ya había luna, se distinguía perfectamente que no iba armado”; les pidió a los militares no disparar, pero lo hicieron y comenzaron a rafaguear de nuevo a la escuela.
El ERPI contestó “hasta que se acabaron los pertrechos”; entre las 7:30 y 8 de la mañana Zamora Pardo, entonces de 21 años, que estudiaba el bachillerato del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Azcapotzalco de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y que tenía la intención de ingresar a la carrera de Sociología, avisó a los militares que iban a salir de la escuela.
La decisión de rendirse la tomó el mando de la columna guerrillera, aún anónimo por decisión de la sobreviviente, al igual que la identidad de otros compañeros porque no tiene la “autorización de las compañeras”, es decir, las viudas.
Los soldados les pidieron salir con las manos en alto y tirarse a la cancha, “no te puedo decir si alcanzaron a salir todos los compañeros porque soy la primera, y en el momento que yo me estoy tirando en la cancha empiezan a disparar nuevamente”. Atrás de Ericka Zamora iba Mario Chávez García, otro de los civiles heridos en un costado, que falleció.
Algunos guerrilleros lograron romper el cerco y con otros compañeros intentaron detener al Ejército, “pero no pudieron hacer mucho”.
Los milicianos y los civiles se rindieron, entonces “la cuestión del enfrentamiento ya no tiene cabida, simplemente el Ejército nos dispara…en el momento que hay una rendición y que se supone que a las leyes internacionales pues tenía que ser respetada la vida de todos”, puntualizó.
Desde el principio, el Ejército justificó la muerte de 11 personas porque hubo un enfrentamiento. Sin embargo, la posición de la Red Solidaria Década contra la Impunidad, que representa a Zamora Pardo en el caso ingresado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), es que en la masacre se violentaron derechos humanos y de guerra, como lo expuso la secretaria técnica de la organización de derechos humanos, María Magdalena López Paulino, en una entrevista publicada ayer en estas páginas.
La Red Solidaria Década contra la Impunidad, presidida por el obispo emérito de Saltillo, Raúl Vera López, que también representa al sobreviviente Efrén Cortés Chávez y a la familia del estudiante caído Ricardo Zavala Tapia, presentó en 2012 la petición de ingreso del caso de El Charco.
En 2018, el organismo internacional publicó el Informe de Admisibilidad del caso y tiene pendiente dar a conocer el Informe de Fondo; Zamora Pardo, quien sostenía que su presencia en El Charco se debía al proyecto de alfabetización que pretendía impulsar junto con Ricardo Zavala Tapia, consideró que su reivindicación guerrillera “técnicamente no modifica ni perjudica” este proceso jurídico que también incluye la demanda de reconocimiento de los cinco heridos-detenidos y 22 detenidos-torturados.
Los militares que masacraron a los civiles y guerrilleros en El Charco estaban bajo el mando del entonces comandante de la 27 Zona Militar, Juan Alfredo Oropeza Garnica; el ex comandante de la Novena Región Militar, Luis Humberto Portillo Leal, también está señalado como responsable.
Los dos están retirados, Oropeza es el actual rector del Instituto Mexicano de Líderes de Excelencia Honoris Causa; y López Portillo también está acusado de ordenar los primeros asesinatos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) tras su aparición el primero de enero de 1994.
El Charco forma parte de las 37 comunidades ñuu savi que se separaron de Ayutla para conformar el municipio Ñuu Savi en 2022. Su alcalde elegido por usos y costumbres en 2024, Donaciano Morales Porfirio, criticó en el aniversario reciente que a 28 años de la masacre se avanzó en la autonomía, pero poco en el desarrollo de la región.
Un día antes de la masacre, la primaria de El Charco fue sede de una reunión regional entre pobladores de distintas comunidades de la región Ñuu Savi y la guerrilla en la que se habló de proyectos sociales y alfabetización, y de la consulta a las comunidades de las Tesis para el Cambio, los documentos básicos del ERPI.
El ERPI surgió el 8 de enero de 1998 a partir de una escisión del Ejército Popular Revolucionario (EPR), que apareció públicamente en el primer aniversario de la matanza de Aguas Blancas el 28 de junio de 1996.
El planteamiento general del nuevo grupo guerrillero era que “el pueblo debería de tomar ciertas decisiones a pesar de no estar en el proceso armado porque finalmente el pueblo es quien sufre las consecuencias de una acción de la guerrilla”, resumió Zamora Pardo.
“La columna interactuaba con las comunidades, o sea, no éramos algo extraño, no éramos ajenos a ellos, entonces era como una convivencia común”.
–¿El Charco puede ser considerado como una base de apoyo del ERPI?
–Pues la región, no solamente El Charco, de hecho los compañeros masacrados son de distintas comunidades, de El Charco solamente es un compañero.
–En un comunicado fechado el 7 de julio de 1998, el ERPI reconoció el error de dormir en la escuela y reivindicó a cuatro muertos como “combatientes revolucionarios, entre ellos el jefe de la unidad, el Capitán José.
–Efectivamente cometimos el error como columna de quedarnos en un espacio conviviendo con compañeros civiles, algo que no se debe de hacer, como de seguridad básica, dijo Ericka Zamora, quien contabilizó tres guerrilleros caídos.
El ingreso de Zamora Pardo a la guerrilla fue a título personal, “yo era una simple militante, una más, no era mando, no era nada”; su intento de deslindar al Comité Estudiantil Metropolitano –la organización social de la que Ericka Zamora formaba parte cuando ocurrió la masacre de El Charco– resultó infructuoso porque finalmente el grupo fue “hostigado, fue amenazado, un compañero fue secuestrado, Higinio Muñoz, en ese momento”; actualmente el riesgo no es vigente, consideró.
Tras cuatro años de un recorrido por las prisiones de Acapulco, Chilpancingo y Puente Grande, Jalisco, esta última de máxima seguridad, Zamora Pardo y Cortés Chávez salieron libres en 2002.
Su reciente reivindicación militante también está motivada por el objetivo de “hacer justicia para Ricardo Zavala y para los compañeros que dieron su vida, que no lucharon en vano, que estaban tratando de hacer un cambio en esos momentos que la represión, la injusticia, la antidemocracia estaban”.
–¿Qué hubiera seguido con el movimiento guerrillero si no se hubiera perpetrado la masacre de El Charco? –se le preguntó a Zamora Pardo con la intención de imaginar otro mundo posible.
El ERPI, respondió la miliciana, tenía la máxima de “crecer en silencio, que era trabajar con las comunidades, explicarles cuál era, uno, el momento de la ruptura (con el EPR) y la nueva propuesta que tenía el ERPI, la construcción del poder popular y por supuesto la participación fundamental del pueblo, de las comunidades”.