En un hecho inédito un tribunal federal ordenó la creación de una Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa, al concluir que la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial.
La comisión estará integrada por los representantes de las víctimas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Ministerio Público de la Federación, pero sólo las dos primeras decidirán las líneas de investigación y las pruebas que deberán desahogarse, de acuerdo con el fallo judicial.
Los magistrados del Primer Tribunal Colegiado con sede en Reynosa, Tamaulipas, determinaron en el mismo fallo reponer el procedimiento a Gildardo López Astudillo, El Gil, Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo, Miguel Ángel Landa Bahena, El Chequel, y Salvador Reza Jacobo, presuntos miembros de Guerreros Unidos.
“Debido a que en México, lamentablemente no contamos con una Fiscalía independiente, se considera que el mecanismo a implementar en el caso concreto, a fin de contrarrestar y superar los defectos en la investigación”, afirma, el fallo “consiste en permitir que sean las propias víctimas, en específico los familiares de los estudiantes desaparecidos, quienes dirijan la investigación, desde luego, con la participación del Ministerio Público.
“De ese modo entre el Ministerio Público, los representantes de las víctimas y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se integrará una comisión, con permanente y estrecha relación, especialmente entre estos dos últimos, a la que para efectos de mayor precisión y claridad se denominará Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia (Caso Iguala)”, dice el fallo suscrito por los magistrados Mauricio Fernández de la Mora, Juan Antonio Trejo Espinoza y Héctor Gálvez.
En esta comisión podrá validarse la incorporación de más organizaciones tanto nacionales como internacionales de derechos humanos.
Según la resolución a los cuatro presuntos delincuentes también se les deberá volver a determinar su situación jurídica sólo en el proceso iniciado por el delito de delincuencia organizada, derivado de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
El colegiado refiere que para definir si serán o no procesados, antes se deberá requerir a la PGR para que presente dictámenes independientes en las pruebas del Protocolo de Estambul.
De no hacerlo, según el tribunal, el juzgado a cargo del proceso deberá dar por ciertos los testimonios de los presuntos sicarios de Guerreros Unidos y concluir que, efectivamente fueron torturados.
Esto no implicaría en automático la libertad de los presuntos sicarios, sino la cancelación de sus confesiones como pruebas en el juicio. pues en el caso Ayotzinapa la mayoría de los imputados tienen dos procesos por delitos graves en curso.
Los magistrados invocan en su sentencia el derecho de acceso a la justicia de las víctimas, previsto en el Artículo 17 constitucional, cuyo objeto es llegar a la verdad y que se pueda garantizar que no se repitan este tipo de graves violaciones de derechos humanos.
También justifican su fallo en los artículos 20 y 21 constitucionales sobre el derecho de las víctimas a participar en la investigación y la atribución para indagar del Ministerio Público.
Los quejosos que con sus amparos propiciaron la orden para crear la Comisión de la Verdad son Gildardo López Astudillo, El Gil, acusado de ordenar la captura, asesinato e incineración de los 43 normalistas la noche del 26 de septiembre de 2014.
También Miguel Ángel Landa Bahena, El Chequel, Duba o Duvalín, supuesto lugarteniente de El Gil; Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo, uno de los acusados de incinerar a los estudiantes, y Salvador Reza Jacobo, halcón o vigilante de Guerreros Unidos.