Abel Barajas / Agencia Reforma

Ciudad de México

Un juez federal ordenó la aprehensión de tres altos funcionarios del gobierno de Guerrero, durante la administración de Ángel Aguirre Rivero, por diversos delitos relacionados con su presunta implicación con el grupo criminal Guerreros Unidos y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
El juez segundo de distrito en Procesos Penales Federales del Estado de México, Enrique Beltrán Santés, instruyó las capturas del ex procurador general de justicia Iñaky Blanco Cabrera y del ex secretario de Seguridad Pública del Estado Leonardo Octavio Vázquez Pérez, por el delito de delincuencia organizada.
También ordenó la captura de Lambertina Galeana Marín, ex presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero (TSJG), por delitos contra la administración de la justicia y desaparición forzada, de acuerdo con información del Poder Judicial de la Federación.
Por los mismos ilícitos, se libraron las aprehensiones contra Luis Europa Solís Jiménez y Javier Uribe Iturbe, ingeniero en sistemas de cómputo y programador analista del TSJG, respectivamente.
El juzgador también libró nuevas órdenes de aprehensión contra César Nava González y Francisco Salgado Valladares, ex jefe de la Policía de Cocula y ex subdirector de la Policía de Iguala, el primero por desaparición forzada y delincuencia organizada, y el segundo sólo por este último delito.
Estas órdenes de aprehensión son parte de los 84 mandamientos de captura que libró el juez Beltrán Santés el pasado 19 de agosto por el caso Iguala en la causa penal 15/2022.
Del total de dichas aprehensiones, sólo han sido cumplimentadas siete desde que fueron giradas por el juez.
Se trata de las del ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, así como la de Felipe Flores Velázquez, ex jefe de la Policía de dicho municipio, a quienes ya les dictaron la formal prisión.
También ya fueron procesados por el mismo asunto el general brigadier José Rodríguez Pérez, ex comandante del 27 Batallón de Infantería de Iguala, y sus subordinados, el capitán José Martínez Crespo, el sargento Eduardo Mota Esquivel y el subteniente Fabián Alejandro Pirita Ochoa.

Pago del narco

La acusación contra el ex procurador y el ex secretario de Seguridad Pública estatales tiene como punto de partida las declaraciones del testigo protegido Juan, nombre clave de Gilberto López Astudillo, El Gil, operador del grupo de la delincuencia organizada Guerreros Unidos.
El testigo y presunto implicado en la desaparición de los normalistas, afirma que Guerreros Unidos enviaba mensualmente 50 mil dólares a Blanco y Vázquez.
Este pago al jefe de Seguridad Pública se hacía llegar por medio de Felipe Flores Velázquez, jefe de la Policía municipal de Iguala, quien a su vez lo recibía de Raúl Núñez Salgado, La Canperra, uno de los miembros del grupo de narcotraficantes.
“El secretario de Seguridad Pública, teniente Leonardo Octavio Vázquez Pérez y el fiscal Iñaki Blanco Cabrera, dado que estaban en la nómina de Guerreros Unidos, el encargado de entregarle al teniente era Felipe Flores, se mandaban 50 mil dólares mensuales y a Iñaki le entregaba Gabriel, alias El Pelón, también se le mandaban 50 mil dólares mensuales”, declaró el testigo protegido.
Juan dijo a la Fiscalía que también entregaba 80 mil pesos cada mes a los mandos de la Policía Estatal de Guerrero; a los subordinados de José Adame, coordinador de esa corporación, y que patrullaban Iguala, 15 mil, y a los demás agentes 10 mil pesos.
También declaró que el ex subdirector de la Policía de Iguala, Francisco Salgado Valladares, recibía cada mes 250 mil pesos y sus agentes 20 mil pesos.
Otro de los gastos que devengaba el grupo criminal, según este testigo colaborador, eran 2 mil dólares para mantener en la nómina de la corporación estatal a cada agente que reprobara los exámenes de control de confianza.

Sin pruebas

En el caso de la ex presidenta del TSJG y los dos técnicos en sistemas, la imputación se basa en la pérdida o posible ocultamiento de los videos de las cámaras de seguridad del Palacio de Justicia de Iguala, correspondientes a la noche del 26 de septiembre de 2014 y las primeras horas del día siguiente.
La importancia de estos registros visuales para la indagatoria es que habrían grabado el momento en que los policías locales interceptaron uno de los autobuses con los normalistas, la noche en que fueron desaparecidos.
El TSJG dijo en aquel entonces que los videos habían sido entregados el 24 de julio de 2015 a la entonces Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada. Los responsables supuestamente fueron precisamente Solís Jiménez y Uribe Iturbe, por instrucciones de la presidenta del tribunal.
Sin embargo, desde que en ese año intervino en las investigaciones, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) dijo en uno de sus informes que había la presunción de que esos videos incluso habían sido destruidos.
Para la FGR, dicha pérdida o destrucción de evidencia contribuyó a la desaparición de los normalistas.