Lourdes Chávez

Chilpancingo

El hospital general inconcluso en San Luis Acatlán -que se reanudó en esta administración- será operado por el IMSS-Bienestar y se estima que empiece a funcionar a mediados del 2023, informó el alcalde Adair Hernández Martínez.
En consulta telefónica, señaló también que el hospital básico comunitario, donde existe un conflicto de trabajadores sindicalizados contra el director, Genaro Lara, seguirá en funciones y a cargo de la Secretaría de Salud estatal.
En cuanto a la atención médica, informó que hace 2 semanas estuvieron en San Luis Acatlán enviados del programa federal IMSS-Bienestar, para comunicarles a los trabajadores del hospital comunitario sobre los arreglos de quirófano, aires acondicionados y todo lo que hacía falta.
Aclaró que el personal de la federación acordó con los trabajadores estatales mejorar las instalaciones para garantizar la atención a los usuarios de la región, en tanto entra en funcionamiento el nuevo nosocomio.
Antes, los trabajadores que aún no permiten el acceso del director al hospital comunitario, denunciaron deficiencias y falta de medicamentos. Mientras la dirección hizo señalamientos de robo de materiales por trabajadores lo que motivó una investigación interna.
El alcalde indicó que la obra inconclusa del hospital era un elefante blanco y el Ayuntamiento se puso a investigar el estatus de la construcción “según lo habían dejado equipado, no era cierto, sólo tomaron prestado equipo de otro hospital (para la comprobación)”.
Dijo que solicitó a los gobiernos estatal y federal que lo rehabilitarán, así la gobernadora Evelyn Salgado Pineda aprobó la inversión para reparar el exterior, mientras el IMSS-Bienestar se encargará del equipamiento.
“Había quedado el compromiso de que el nuevo hospital iba a terminarse este mismo año, pero lo veo complicado. El personal del IMSS-Bienestar nos dice que será para mediados del próximo año”.
La CRAC no será más instrumento de agiotistas, destacó
En otro tema, felicitó la modificación del reglamento interno de la Sistema de Seguridad y Justicia de la Coordinadora regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), que sancionará los matrimonios forzados y la venta de niñas.
Además de la adecuación para que las personas acusadas en el sistema comunitario, tenga certeza de que los cargos imputados serán investigados en un plazo de 3 meses los errores menores, y de 6 meses las conductas graves.
Destacó como un avance sustancial que la Coordinadora ya no intervendrá en el cobro de agiotistas que presentaban pagares incumplidos, y se entendía como una violación a un acuerdo. Explicó que se estableció que si la persona presta por lucro, la CRAC no intervendrá en las deudas”.
De la asamblea del sábado en la Casa de Justicia de San Luis Acatlán para actualizar el reglamento interno de la CRAC enfatizó el avance sustancial en los derechos humanos, que ninguna otra institución de los pueblos ha realizado.
Sobre la coordinación con la CRAC en San Luis Acatlán dijo que el Ayuntamiento tiene su propia policía comunitaria, pero el gobierno local también apoya y coordina acciones con el Sistema de Seguridad y Justicia Comunitaria.
“Estuvimos en el 27 aniversario de su fundación, y en la asamblea de adecuación de su reglamento interno, respetando la autonomía de la CRAC”, agregó.
Reconoció que la operación de la Policía Comunitaria en San Luis Acatlán permite a la población gozar, quizá de uno de los mejores climas de seguridad en la entidad.