Con cinco operaciones militares, que mantienen prácticamente sitiada a Chilapa desde 2016, esa ciudad sigue siendo una de las más violentas en el estado, como consecuencia de la disputa por el cultivo, el trasiego y la distribución de la droga que mantienen los grupos criminales Los Rojos y Los Ardillos.
La violencia atribuida por las autoridades estatales y federales a la confrontación entre esos grupos dejó el año pasado, según un recuento de El Sur, 223 asesinatos, y en lo que va de este año se han contabilizado 23.
Sólo la semana pasada sucedieron dos de los episodios de violencia más cruentos; el hallazgo de siete cuerpos desmembrados distribuidos en 15 bolsas de plástico, que habían sido reportados como desaparecidos. Mientras que la semana anterior se dio el caso de otras cuatro personas asesinadas en la misma cabecera municipal y sus alrededores, que también habían sido reportadas como desaparecidas: una de ellas decapitada, dos calcinadas y una mujer degollada.
Como consecuencia de la violencia, entre septiembre y octubre, también se suspendió el servicio de transporte en la ruta Chilpancingo-Chilapa, así como en las de varias comunidades de Chilapa, Zitlala y Ahuacuotzingo. Asimismo, entre septiembre, octubre y noviembre, los maestros cerraron las escuelas de cinco municipios de la región educativa Montaña Baja ante las amenazas del crimen organizado.
La violencia continúa, a pesar de que desde 2016 se han desplegado al menos cinco operaciones militares en Chilapa y en los municipios vecinos.
En enero de ese año, el gobernador Héctor Astudillo Flores, anunció una operación de 3 mil 500 soldados y 500 policías estatales para frenar la violencia en Chilapa y municipios vecinos. También se anunció entonces la detención de los líderes de las agrupaciones criminales que operan en la zona y responsables de las ejecuciones, levantones y enfrentamientos.
A partir de entonces se han anunciado otras cuatro operaciones para detener la violencia, pero ésta sigue incontrolable.
El 18 de marzo del 2017, el vocero del Grupo de Coordinación Guerrero, Roberto Álvarez Heredia, informó que más de 600 soldados y policías del estado garantizarían la seguridad de pobladores y visitantes en Chilapa, durante el puente vacacional de Semana Santa.
El 4 de octubre del 2017, el gobernador Astudillo Flores y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal informaron en un boletín que la Policía del Estado “intensificará” sus patrullajes en la ruta Chilpancingo, Tixtla y Chilapa, a raíz de la suspensión del servicio de transporte ante los asesinatos de los choferes.
El 12 de octubre, nuevamente el vocero informó en un boletín de prensa que policías estatales, ministeriales y militares harían una operación conjunta para encontrar vehículos robados, y personas armadas y con ello garantizar la seguridad y disuadir el delito en Chilapa.
El 13 de noviembre, el gobernador Héctor Astudillo anunció una nueva operación militar para reforzar la seguridad en las escuelas de Chilapa, Zitlala, Ahuacuotzingo y José Joaquín de Herrera, para garantizar la seguridad de alumnos y maestros que habían suspendido sus labores por las amenazas del crimen organizado.
Desde el 2016, los militares mantienen retenes en todos los accesos a la cabecera municipal; uno se encuentra en el entronque de la carretera hacia Ayahualulco y que comunica con el municipio de Quechultenango; otro en el punto conocido como Los Ajos, en el entronque de la carretera que comunica con el municipio de Quechultenango, y otro a la salida hacia el municipio de Zitlala.
Sin embargo, a partir de ese año, el Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, con base en registros periodísticos, contabilizó 146 asesinatos: 23 de las víctimas fueron decapitadas, 68 simplemente ejecutadas, seis fueron halladas, 16 desmembradas y 33 murieron en enfrentamientos y 26 resultaron heridas.
Además, el organismo registró 42 personas desaparecidas y el hallazgo de 56 restos humanos en cuatro fosas clandestinas.
Mientras tanto, en el 2017 el Centro Morelos registró los homicidios solamente de enero a septiembre, pues en octubre entregó su informe al Centro para la Justicia y los Derechos Humanos Robert. F. Kennedy.
En esos nueve meses registró 175 asesinatos y ejecuciones; en enero fueron 17; 15 ejecutados y dos desmembrados; en febrero fueron 15, 14 ejecutados y un desmembrado; en marzo la criminalidad aumentó considerablemente y el organismo registró 30 víctimas, 15 ejecutados, dos desmembrados, 12 calcinados y un decapitado; en abril registró 17 víctimas, 13 ejecutados, dos desmembrados y dos decapitados.
En mayo fueron 27 homicidios, cinco ejecutados, cuatro desmembrados, tres calcinados y 15 decapitados; en junio registró un total de 26 muertes violentas, 24 ejecutados, un decapitado, y un lapidado; en julio fueron 23, 15 ejecutados, cinco desmembrados y tres decapitados; en agosto fueron 12 víctimas, seis de ellas ejecutadas, tres desmembradas, un ahorcado, un decapitado y se halló una cabeza humana; en septiembre fueron ocho asesinatos.
Mientras tanto, en el recuento de El Sur se registró un total de 223 homicidios durante ese 2017.
El Centro Morelos expuso en su diagnóstico (que cerró antes de que terminara el 2017) que las cifras de asesinatos superaban en mucho a las del 2016 y que a las ejecuciones se sumaron los desplazamientos masivos de familias de comunidades como Ahuiyuco, Tepozcoahutla y Tetitlán de la Lima.
“Desde los primeros meses del 2017 pudimos notar cómo el índice de criminalidad respecto a los años anteriores fue en aumento, sobre todo en el mes de marzo que fue uno de los más violentos”, destacó en su informe el organismo.
También destacó que muchos de los hechos de violencia ocurridos en ese año, fueron cerca de instalaciones militares. El Centro Morelos documentó, por ejemplo, que 18 de las víctimas cayeron (en distintas fechas) cerca del retén que está en la entrada de la carretera que llega de Chilpancingo, otros 11 cerca del retén ubicado rumbo a Tlapa, mientras que cerca de la salida rumbo a Zitlala ocurrieron tres asesinatos.
Precisó que el 12 de septiembre de ese año, aproximadamente a las 19 horas a sólo 150 metros del arco de la salida hacia la capital, donde se encuentra el retén militar, un taxi fue incendiado y dentro de él fueron hallados cuatro cuerpos, “este hecho sucedió un día después de que llegaron 500 militares y 100 policías estatales a reforzar la seguridad”, según registró el organismo en su documento denominado Contexto Violento de Chilapa y Zitlala.
Asimismo, relató que los episodios violentos se ampliaron a partir del 2016 a comunidades cercanas a la cabecera municipal como Acalco, Acatlán, Acazacatla, Ahuihuiyuco, Ajacayán, Atzacoaloya, Ayahualco, Corral de Piedra, El Limón, El Paraíso, Lodo Grande, Los Magueyes, Nejapa, Tepehuizco, Tetitlán de la Lima, Tlalxingan, Xochimilco y Zizicazapa.
En lo que va del año, nuevamente Chilapa repunta en el número de asesinatos después de Acapulco y Chilpancingo, que son ciudades con mucha más población. De acuerdo con el recuento de El Sur, en Acapulco van 79, Chilpancingo 29 y en Chilapa iban 23 hasta este sábado cuando se encontró una joven de 18 años con huellas de haber sido violada, torturada y estrangulada, en el barrio de El Calvario de esa cabecera municipal.
El caso de la joven está relacionado con el de los siete cadáveres que fueron encontrados desmembrados en 15 bolsas negras de plástico el 30 de enero. Dos de ellos correspondían al de sus padres que habían desaparecido junto con la joven una semana antes.
Los otros cinco de los siete cuerpos fueron de los indígenas artesanos del estado de Veracruz que llegaron a vender muebles al mercado de esa ciudad el 23 de enero y que también habían sido reportados como desaparecidos.
El vocero en materia de Seguridad del Gobierno del estado, Roberto Álvarez Heredia, declaró mediante un boletín que las siete víctimas (ahora 8 con la hija de la pareja) están vinculadas con el crimen organizado y que fueron ejecutadas en el contexto de la disputa de la plaza entre los llamados Ardillos y Rojos.
Asimismo, el 25 de enero fueron encontrados en distintos puntos de esa ciudad, cuatro personas asesinadas; un decapitado, dos calcinados y una mujer degollada dentro de una camioneta, cerca del cuerpo de ésta estaba dentro de una hielera su bebé de una semana de nacida.
Azucena Abarca, una mujer de 17 años, había sido levantada un día antes con su esposo Luis Gustavo Rodríguez y su bebé de una semana por presuntos policías estatales. El cadáver de Luis Gustavo fue uno de los dos hallados calcinados en el barrio de San José de esa cabecera municipal.
El 1º de febrero, el gobernador Héctor Astudillo Flores reconoció que a ese municipio “se le tiene que dar un seguimiento muy especial” y que se debe reforzar la seguridad porque “ya se ha convertido en una situación de un foco no de amarillo sino de muy rojo derivado de los asesinatos, de los crímenes que se están dando en forma más que salvaje”.
El presidente del Colectivo de Familiares de Desaparecidos de Chilapa, José Díaz Navarro, quien ha venido dando seguimiento a los casos de violencia en ese municipio, declaró el 31 de enero que mientras no se detenga a los líderes de los dos grupos que se disputan la plaza no se va a terminar la violencia en ese municipio y sus alrededores.