Ramón Gracida Gómez

El Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) requiere al Estado mexicano “continuar la indagatoria sobre el presunto involucramiento de los 9 policías miembros de la patrulla 388” en la desaparición de Jhonatan Guadalupe Romero Gil.
El documento compartido a medios de comunicación por la mamá de la víctima, Socorro Gil Guzmán, incluye la solicitud de identificar y citar a declarar al testigo que acusa a los policías y al testigo con información sobre la investigación a ellos; además, citar a declarar a los dueños del bar La Mandona, empleadores de Carlos Ignacio Rojas Montes de Oca, quien desapareció junto con su amigo el 5 de diciembre de 2018 y fue encontrado muerto un día después.
El comité de la ONU externa su preocupación con relación a la comparecencia de los policías municipales de la patrulla 388 que habría sido cancelada, por lo que no fueron citados a declarar, “ello a pesar de los elementos probatorios contundentes relacionados con su alegada participación en la desaparición” de Carlos Ignacio.
Asimismo, dicta el documento remitido a la también representante de la colectiva Memoria, Verdad y Justicia el 5 de mayo en el que le comparte la Nota Verbal que hizo el organismo internacional al Estado mexicano, “la carpeta de investigación habría sido modificada en relación con un video mencionado por el fiscal David Muñoz García que contendría material que compromete a los integrantes de la patrulla 388”.
El comité de la ONU indica que en la información provista por el Estado mexicano en la nota recibida el 27 de mayo de 2024, con relación a la Acción Urgente 1824/2024 relativa a la alegada desaparición de Jhonatan Guadalupe, no consta la apertura de una línea de indagatoria relacionada con el dueño del Bar La Mandona, donde trabajaba Carlos Ignacio.
“Según las alegaciones recibidas por el Comité, el eventual involucramiento en los hechos del dueño de dicho establecimiento no habría sido investigado, a pesar de que el Sr. Rojas Montes de Oca habría pedido apoyo al Sr. Romero Gil para denunciar a su empleador porque lo habría obligado a vender drogas”.
Tampoco los resultados del análisis de la línea telefónica y la sábana de llamadas de Jhonatan Guadalupe Romero Gil no habrían sido incluidos en la carpeta de investigación.
El Estado mexicano enlistó las acciones que ha hecho para buscar al hijo de Gil Guzmán, entre ellas las búsquedas en 2020; 2023, cuando fueron encontrados 17 cuerpos en el poblado de Carabalí; 2024 y confrontas masivas del sistema contra otras bases de datos.
Para el comité de la ONU, no obstante, estas acciones “no evidencian que se hayan adoptado medidas eficaces para establecer un plan de acción y un cronograma para la búsqueda y la investigación de su desaparición”.
Por ello, el organismo internacional considera necesario “establecer de forma urgente una estrategia integral que incluya un plan de acción y un cronograma para la búsqueda inmediata”.
Toma nota del hecho de que la Fiscalía General del Estado (FGE) ha brindado acceso a la familia de Jhonatan Guadalupe de la carpeta de investigación y ha mantenido contacto con ella.
“No obstante, según la información reunida en el contexto de la presente acción urgente, aún no se ha garantizado un flujo sistemático de información a los familiares”, apunta el Comité contra la Desaparición Forzada y le requiere a la FGE fortalecer los mecanismos de información, permitir la participación de los familiares en las búsquedas, ofrecerles apoyo socioeconómico, y brindarle información sobre las acciones de estas recomendaciones.
Indica que la familia de la víctima “ha recibido amenazas de forma reiterada, frente a las cuales ha tenido que trasladarse a la Ciudad de México. Adicionalmente, según información recibida por el comité, el titular de la Guardia Nacional habría manifestado que carecía de personal suficiente para brindarles protección”.
Por ello, el organismo internacional le pide al Estado mexicano preservar la vida de los familiares de Jhonatan Guadalupe, investigar las amenazas, todo ello antes del 5 de agosto del año en curso.
En su edición impresa de ayer, El Sur publicó que la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y la Fiscalía General de la República (FGR) hicieron la semana pasada una búsqueda de Jhonatan Guadalupe y llevarán a cabo otra la semana próxima porque el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU atrajo el caso y “está detrás de ellos”, declaró la madre de la víctima.