La Red Solidaria Década Contra la Impunidad demandó al gobierno del estado que cese el hostigamiento al dirigente de la Asamblea Popular de Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame, y que se instalen mesas de diálogo para atender los temas pendientes de víctimas de violaciones a los derechos humanos cometidas por el Estado.
En un comunicado los representantes de la asociación civil que encabeza el arzobispo de Saltillo, Raúl Vera López, pidieron mesas de diálogo para atender a las víctimas de la masacre de Aguas Blancas ocurrida en Coyuca de Benítez, de la masacre de El Charco en Ayutla, el asesinato del luchador social Arturo Hernández Cardona, de los desaparecidos, los mineros en huelga de Taxco y en particular de Chávez Adame, encarcelado el jueves pasado y liberado al día siguiente.
Señalan que se sigue criminalizando al dirigente, porque enfrenta un proceso judicial porque en 2014 abrió una bodega en donde se ocultaban miles de despensas donadas para los damnificados de la tormenta Manuel y el huracán Ingrid, en 2013.
Para el pueblo de Guerrero es necesario el diálogo, los acuerdos, la reconciliación, que son importantes en el proceso de paz con justicia y dignidad, y “no se puede criminalizar el trabajo de las y los activistas sociales en aras de mantener una aparente paz social, es por eso que le hacemos un llamado al diálogo y la conciliación”.
En solidaridad con Chávez Adame afirman que las demandas de la APPG son legítimas y justas, y su representante es un activista de larga y reconocida trayectoria, y que su labor es de defensa y protección a los derechos humanos.
Piden al gobernador Héctor Astudillo Flores, que las instituciones de gobierno detengan “el hostigamiento, la persecución y difamación a periodistas, defensores de derechos humanos y activistas sociales como es el caso de Nicolás Chávez Adame”.
De las mesas de diálogo que solicitan, llamaron a que se concreten acuerdos en beneficio de las víctimas de violaciones a los derechos humanos.