El alcalde de Chilpancingo, Marco Antonio Leyva Mena, solicitó a los gobiernos del estado y federal que apliquen la ley a los presuntos policías rurales que operan en Petaquillas, luego de que en la madrugada del sábado hirieron a balazos a una pareja de turistas de la Ciudad de México que pasaba por el retén que tienen en la salida de la capital del estado.
Antes del arranque de la construcción del parque lineal del río Huacapa, el alcalde fue consultado sobre el ataque al sitio de Urvan que van a Filo de Caballos, y a los turistas, y dijo que son hechos diferentes pero parte de una situación de violencia en la cual “estamos metidos”, y de grupos delincuenciales que están peleando entre sí.
Declaró que de los homicidios el 90 o 95 por ciento “se pueden denominar como ejecuciones”, y los demás pueden ser por situaciones laborales o personales, para los que hay una autoridad investigando.
La madrugada del sábado en el retén de Petaquillas civiles armados (que según el comisario Mario Flores Castrejón son de la Policía Rural, que pertenece a la Secretaría de Seguridad Pública Estatal) hirió de gravedad a una turista. Contra esa guardia civil hay señalamientos de que está ligada al grupo criminal Los Ardillos, y tanto los gobiernos estatal y municipal, así como el Ejército han negociado con sus integrantes.
Las policías comunitarias “han crecido en los últimos años por un vacío de la autoridad, y eso hay que reconocerlo, la autoridad municipal no tiene el suficiente recurso para poder tener una estructura de seguridad como la tienen los comunitarios en muchas de las comunidades del estado”, dijo Leyva.
Señaló que en el caso de Chilpancingo en las cerca de 43 comunidades por lo menos en 15 tienen presencia grupos de comunitarios. Dijo que dan seguridad a los pueblos pero hace falta regularlos.
Lamentó el ataque ocurrido la madrugada del sábado, “porque hay un exceso por parte de la policía comunitaria. Lo he dicho una y otra vez, las policías comunitarias se toman atribuciones que no les corresponden, sobre todo tratándose de derechos humanos”.
Agregó que se debe tener un marco regulatorio para que se pueda saber lo que están violentando, en primer término el uso de las armas y en segundo definir quiénes son denominados policías comunitarios, “porque en este momento no se encuentra en ningún marco regulatorio tal y como la conocemos, la que está se refiere a centros donde hay población indígena, y aquí en Chilpancingo no lo tenemos… entonces sobre qué marco regulatorio es, y eso lo debemos trabajar”.
Ante la pregunta dijo que ha pedido siempre al gobierno del estado y se está trabajando de manera coordinada, “lo que sucede en este tipo de cosas es que hay un exceso de su actuación, y que obviamente tiene que tener las repercusiones legales correspondientes”.
Declaró que lo que procede en contra de este grupo de comunitarios es “la aplicación de la ley de una persona que no tenía el derecho a la portación de armas, y que se tiene que aplicar la ley”.