Luego de la alerta emitida por Estados Unidos para que sus funcionarios no acudan a varios destinos de México, entre ellos todos los del estado de Guerrero por los bloqueos de autodefensas, aunado a la permanente incidencia de homicidios, ayer sesionó el Grupo de Coordinación Guerrero (GCG).
En un comunicado oficial se informó que el gobernador Héctor Astudillo Flores revisó la estrategia de seguridad con funcionarios federales y estatales, para “acciones conjuntas y fortalecer la protección de la población e inhibir el delito”.
Se menciona la preocupación de Astudillo Flores por la incidencia delictiva, y su solicitud a las instituciones federales y estatales para diseñar acciones conjuntas que operen de inmediato.
De igual manera solicitó a la Fiscalía General del Estado y a la Procuraduría General de la República que resuelvan las investigaciones pendientes, y fortalezcan las acciones de inteligencia contra objetivos prioritarios.
Anunció la construcción de un nuevo módulo para la población carcelaria en el penal de Acapulco, donde el 6 de junio ocurrió una masacre que dejó 28 muertos.
La inversión de 22 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública será para ampliar los dormitorios de la población carcelaria en Las Cruces, y reducir la situación de hacinamiento. Así se atenderá una de las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos tras los hechos del 6 de junio.
Se indicó que el secretario de Seguridad Pública, el general Pedro Almazán Cervantes, presentó la incidencia delictiva en la entidad, de la que no se dio cuenta en el boletín.
Se informó que también acudieron el comandante de la Novena Región Militar, General Germán Javier Jiménez Mendoza, el comandante de la Octava Región Naval, almirante Juan Guillermo Fierro Rocha, el comandante de la 35 Zona Militar, general José Francisco Terán Valle, el delegado de la PGR Juan José Monroy García, el Fiscal General del Estado Javier Olea Peláez, y el secretario general gobierno Florencio Salazar Adame.