El Sistema de Seguridad, Justicia y Reeducación de la Montaña y Costa Chica del estado de Guerrero, Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias- Policía Comunitaria (CRAC-PC) resolvió que no va discutir las reformas sobre derechos y cultura indígena con la actual legislatura, informó el vocero, Sabás Aburto Espinobarros.
En consulta telefónica, denunció que la legislatura que concluye su periodo en agosto ya tuvo su oportunidad de armonizar la Constitución del Estado con la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura Indígena, donde se reconoce a la CRAC como institución del estado, y no hizo mucho pese a que vencieron los plazos que estableció el propio Congreso.
En respuesta a un desplegado del gobierno del estado donde dice que sí hubo consulta a las comunidades para fundamentar la iniciativa del artículo 14 constitucional, que la Secretaría General de Gobierno entregó la semana pasada al Congreso, el vocero de la CRAC aseguró que esos foros regionales  fueron actividades de simulación, hay constancia en las notas periodistas así como de personas que acudieron como oyentes.
Aunque dijo que la CRAC va a analizar las reformas a la Constitución en los artículos 8 al 14, como de la Ley 701, con la próxima legislatura, adelantó que comisiones representativas de la Casas de Justicia y Comités Regionales de Enlace de la CRAC-PC, además de organizaciones sociales, irán al Congreso local el día que se someta a discusión y votación la iniciativa constitucional del artículo 14 sobre derechos y cultura indígena, del gobernador, que puede ser el martes o jueves de esta semana, para dar una conferencia de prensa, y fijar claramente su posición.
Señaló que todos los diputados del PRI y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) no tienen mayoría calificada en el Congreso para aprobar una reforma constitucional, y no habrá modificación sin los partidos de oposición que ofrecieron su respaldo a la CRAC: PRD, Movimiento Ciudadano y Partido del Trabajo.
Sin embargo, añadió que si olvidan el compromiso con los pueblos, los consejeros y comisarios van a hablar de papel con los derechos de las comunidades y será un “suicidio” político, dijo.
Insistió que después de la elección del primero de julio, cambiará la correlación de fuerzas políticas en el Poder Legislativo, “vamos a tratar con los nuevos diputados que llevaran nuestras propuestas a foros regionales con participación auténtica de los pueblos”.
La propuesta de reforma a la Ley 701 de la  CRAC también está firmada por el Centro de Derechos Humanos de la Montana Talchinollan, el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota, El Consejo de Comunidades Damnificadas, el Frente Popular de Tlapa, entre otras.
El vocero ratificó que los siete foros simultáneos que organizó el gobierno del estado el 27 de febrero de 2017 sobre la Ley 701 fueron de simulación, para cumplir de trámite con la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). “No se trató a fondo los problemas que afectan a los pueblos indígenas, ni de manera integral, aunque a nosotros como CRAC-PC nos interesa más el tema de justicia y seguridad, tampoco fuimos convocados, todo se hizo a la ligera, para cubrir un requisito”.
Por otro lado, informó que ayer se realizó una asamblea regional de autoridades comunitarias que convocan coordinadores de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, donde llegaron comisarios municipales consejeros locales, consejeros regionales, autoridades agrarias, para renovar las coordinaciones.
Uno de los los principales acuerdos, dijo, es plantear que la reforma constitucional del artículo 14 y de la Ley 701 se saquen en el próximo periodo legislativo que entra en funciones en agosto.
En cuanto al proceso de reemplazo de los coordinadores indicó que aún no concluye, se nombraron tres, falta uno y más una representante mujer, en la coordinación de la Casa de Justicia Matriz de San Luis Acatlán.