Alejandro Guerrero

Iguala

La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolver en última instancia si debe o no instalarse la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia del Caso Iguala, con lo que postergó nuevamente la sentencia del 31 de mayo de 2018, en la que el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito de Reynosa, Tamaulipas ordenó su creación, bajo el argumento de que su conformación sería un “atentado al debido proceso”.
A casi ocho años de los ataques cometidos en Iguala, en los que tres alumnos de la Normal de Ayotzinapa fueron asesinados, 25 heridos y 43 desaparecidos de manera forzada, el Primer Tribunal Colegiado ordenó reponer la investigación del caso por las irregularidades durante el Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.
La reposición de la investigación del caso y la integración de la Comisión de Investigación se dictaminó por dicho Tribunal al resolver el 4 de junio de 2018, los amparos 203/2017 y 206/2017, presentados por algunos acusados que se dijeron víctimas de tortura.
El ordenamiento indica que la Comisión de Investigación para la Justicia y la Verdad, debe estar integrada por dos representantes de las víctimas, un agente del Ministerio Público Federal de la FGR que no haya sido parte de las investigaciones del caso y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), ésta última que el 23 de febrero pasado mediante un comunicado de prensa rechazó integrarse a esta Comisión, al considerar que “no resulta jurídicamente viable”.
Sólo de los padres se ha designado a sus representantes como ordena la sentencia, Mario César González Contreras y Emiliano Navarrete Victoriano, no así la FGR ni la CNDH.
De acuerdo con información del diario Reforma, la FGR pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolver en última instancia si se debe o no instalar la Comisión para la Verdad del Caso Iguala, al considerar que su creación sería un “atentado al derecho del debido proceso”.
En cumplimiento a la sentencia de amparo, el 26 de enero pasado el Tribunal Colegiado de Apelaciones con sede en Tamaulipas, requirió a la fiscal de la República, Ernestina Godoy, y a los padres de los 43 jóvenes desaparecidos nombrar a sus representantes ante el organismo, pero sólo lo hicieron los segundos.
En consecuencia, la FGR informó al órgano jurisdiccional de Tamaulipas que existe la imposibilidad jurídica de designar a su representante en esta Comisión, por lo que solicitó a la SCJN ejercer su facultad de atracción para resolver el asunto de forma inapelable.
“La FGR expone la imposibilidad jurídica para dar cumplimiento respecto de designar un agente del Ministerio Público para que integre la Comisión para la Verdad y la Justicia del Caso Iguala”, indica el acuerdo publicado por el tribunal.
Asimismo, “solicita se remitan los autos al Pleno de la SCJN a efecto de que ejercite facultad de atracción para conocer la materia del cumplimiento del amparo que nos ocupa, sosteniendo que dicho asunto reviste interés nacional, además de la determinación de inconstitucionalidad de las normas o en su defecto de los actos de autoridad como lo es el caso, son competencia originaria del máximo Tribunal”.
El 12 de febrero el director de Amparo de la FGR, Rodolfo Dillanes Ramírez informó mediante escrito al magistrado del Tribunal Colegiado de Apelación en Tamaulipas, Miguel Ángel Batres Antonio, que concretar la Comisión para la Verdad implica romper el monopolio de la acción penal del Ministerio Público establecido en la Constitución.
Dice que “designar agentes del Ministerio Público de la Federación a fin de integrar la Comisión, implicaría un rompimiento de la unidad ministerial para ejercer facultades no previstas en la Constitución y las leyes que rigen el actuar del Ministerio Público de la Federación”.
Advierte que, “de las actuaciones ministeriales que llegaren a desarrollar en dicha Comisión, serían contrarias a los principios de legalidad establecidos en la propia norma constitucional, y que como ya se manifestó, necesariamente traería como consecuencia un atentado al derecho del debido proceso”.
En medio de esta negativa de la FGR de nombrar a un representante para la conformación de esta Comisión de Investigación para el caso Iguala, el Tribunal Colegiado de Apelación de Tamaulipas, impuso a la fiscal de la República, Ernestina Godoy una multa equivalente a los 3 mil 394 pesos, y da un plazo de tres días a partir de ser notificada de este acuerdo para cumplir la sentencia, de lo contrario le impondrá una multa mayor, equivalente a 11 mil 314 pesos, se informó este sábado.
La resolución del Tribunal Colegiado establece que sólo las víctimas y la CNDH determinarán las líneas de investigación y las pruebas que deberán desahogarse en el caso.
Asimismo, que los miembros de la Comisión tendrán “libre e inmediato” acceso a todo centro de atención y a cada una de sus dependencias, así como a todo lugar que estimen pertinente, “en especial, donde haya motivos para creer que están, estuvieron o se puedan encontrar los estudiantes desaparecidos o vestigios que aporten información sobre su paradero; incluso, lugares sujetos a la jurisdicción militar o castrense”.
La conformación de esta Comisión solicitada por los padres y madres de los 43 jóvenes desaparecidos y organizaciones sociales es en respuesta a un amparo concedido en 2018 por el Primer Tribunal Colegiado, aún durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, por la falta de confianza en las investigaciones del caso.
Después en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador creó por decreto presidencial, la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia para el caso Ayotzinapa (Covaj), y que ante la falta de facultades de investigación de ésta, se creó la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA), por lo que la sentencia había quedado estancada por la inconformidad de instituciones.