Antonia Ramírez Marcelino

Tlapa

El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Aarón Díaz Salazar pidió al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que agilice el caso de la indígena nahua de Copanatoyac Osiris Silva Malda y el Juzgado de Primera Instancia en Materia Civil y Familiar con sede en Tlapa dicte sentencia y la absuelva contra la denuncia que presentó en su contra la síndica procuradora de la pasada administración, Yuray Abundiz Tapia por supuestos, daños y perjuicios.
Díaz Salazar explicó que en el 2020 Osiris Silva denunció ante medios de comunicación a la síndica debido a una serie de irregularidades que cometió cuando su hija fue sustraída por su abuela paterna y a ella la encarceló al negarse a firmar el acta donde le cedía la custodia.
De acuerdo a la ficha informativa de Tlachinollan, el 10 de mayo del 2020, Osiris Silva tenía de 28 años y su hija Alondra 10. Cita que ese día la mandó a lavar los trastes al río, que casi queda frente a su casa, lo único que los separa es un muro y la calle.
Sin embargo se preocupó porque no regresó pronto la niña y salió a buscarla; al llegar vio que ya no estaba y al preguntar a los vecinos, éstos le dijeron que se la habían llevado por la fuerza la señora Enedina Gálvez Álvarez junto con su hijo Jaime Hernández Gálvez.

En su texto Tlachinollan precisa que Enedina Gálvez es la abuela y su hijo Jaime es el padre biológico de la niña Alondra, pero que nunca asumió la paternidad, incluso Osiris la registró con sus mismos apellidos una vez que regresó a Copanatoyac proveniente de Acapulco a donde migró para trabajar y poder mantener a su hija en ese entonces recién nacida.
Tras el rapto de su hija Osiris Silva acudió con la síndica procuradora, Yuray Abundiz Tapia a quien le pidió ayuda para recuperarla.
Al intervenir la síndica mandó llamar a Enedina Gálvez quien además se desempeñaba como intendente del Ayuntamiento.
Durante el careo Enedina Gálvez argumentó que la niña tendría que estar en su casa por ella es la abuela paterna y porque Osiris Silva se la llevó a Acapulco aún cuando su hijo estaba dispuesto a asumir la paternidad cuando se enteró de su embarazo en 2009.
En 2018, Osiris y la niña volvieron a Copanatoyac y en ese tiempo la señora Enedina empezó a tener acercamientos con la menor hasta que el 10 de mayo de 2020 se la llevó por la fuerza a su casa.
Según Tlachinollan de toda esa situación fue informada la síndica, pero ella favoreció a la abuela y le dijo a Osiris Silva que tenía derecho sobre todo porque tenía que protegerla pues le informaron que la niña era abusada sexualmente por su actual pareja.
La síndica cedió la custodia de la menor a su abuela y a Osiris Silva la obligaron a firmar un acta de acuerdo.
A pesar que Osiris Silva suplicó que no la separaran de su hija, una vez que firmó el acta le dijeron que sólo tendría derecho a convivir con su hija los viernes con un horario de 10 a 5 de la tarde, pero no sucedió así.
Antes de retirarse del careo la síndica le dijo que por el acta que se había elaborado debía pagar 3 mil pesos, dinero que no tenía, pero que se vio obligada a conseguir.
Dos días después, su cuñada le prestó mil pesos y los llevó al domicilio particular de la síndica, ahí la funcionaria le dijo que para que no tuviera problemas debería entregar a la abuela los documentos personales de la menor, sin embargo, Osiris Silva no le respondió sólo se retiró
Posteriormente tuvo que volver a endeudarse para completar la cantidad que le faltaba y también fue a dejarlo al domicilio particular de la edil.
Encarcelan a Osiris por no entregar los documentos de la menor
Como no entregaba los documentos de la niña, el primero de agosto del 2020, recibió un citatorio de la síndica, mediante el cual le pedía que se presentara en la Sindicatura el 2 de septiembre para tratar un asunto personal de suma importancia, pero antes de esa fecha; el día 23 de agosto de nueva cuenta recibió otro citatorio para que se presentara al siguiente día, es decir el 24 de agosto con el mismo asunto.
Sin embargo, como Osiris Silva no se presentó, la síndica ordenó su detención con la policía municipal y la llevaron al Ayuntamiento, en donde estaba Enedina Galvez y la funcionaria quien insistió en pedirle que entregara los documentos oficiales de la niña y al negarse mandó a traer a los policías nuevamente y la encarceló durante dos horas, hasta que llegó su pareja sentimental, de nombre Humberto y luego uno de los policías abrió la reja y le dijo que se fuera a su casa.
Tlachinollan considera que Orisis Silva está consciente que tiene más derechos por la custodia de su hija porque la ha educado sola, sin apoyo del padre biólogo y por eso el 16 de septiembre del 2020, dio una entrevista a medios de comunicación donde narró los hechos y pidió la intervención de Derechos Humanos, por los abusos que cometió la servidora pública.
Demanda por daño moral
El 20 de noviembre del 2020 Osiris recibió la notificación del Juzgado de Paz del municipio de Copanatoyac, una demanda ante el Juzgado de Primera Instancia en Materia Civil y Familiar de Tlapa, a cargo del Juez Julio Obregón Flores que presentó en su contra la síndica y le exigió una indemnización de 50 mil pesos.

El argumento que aparece en el expediente: 38/3020-II C es que la madre de la menor supuestamente difundió “información falsa e incongruente que se transmitió por Facebook, con la que se le causó un daño moral a ella y a su familia ya que dicha información fue vista y circulada en toda la región, ya que le escribieron mensajes y recibió llamadas de sus amigos y familiares de la acusación que hizo referencia la señora Osiris”.
Osiris no pudo ver a su hija hasta apenas, hace una semana que se la devolvieron, luego de casi dos años sin verla.
Ayer martes Osiris acudió al Juzgado donde se iba a desahogar unas pruebas de la ahora ex síndica, pero no se presentó ni ella ni su abogado, Jhonatan de la Cruz Bajaras, asesor jurídico del actual y la administración pasada.
El abogado de Tlachinollan, Aron Díaz pidió que a Osiris Silva se le juzgue con perspectiva de género e interculturalidad, porque los señalamientos que hizo fue a una servidora pública y el derecho a la libertad de expresión la tiene todas las personas.
Indicó que a Osiris le preocupa que no sea absuelta y la obliguen a pagar los 50 mil pesos. Dijo que ha sido un proceso desgastante porque tiene que viajar desde Copanatoyac, hasta Tlapa.