Hay déficit de 17 mil viviendas por año, aseguran en el Segundo Foro Sobre Vivienda Social. Al acto asistió el candidato priísta Héctor Astudillo quien se manifestó contra el engaño a familias guerrerenses Teresa de la Cruz Chilpancingo Unos 300 capitalinos que han sido defraudados por constructoras, pidieron ayer al gobierno del estado, a través … Continúa leyendo Piden capitalinos defraudados por constructoras regular ese servicio
Mayo 07, 2004
Hay déficit de 17 mil viviendas por año, aseguran en el Segundo Foro Sobre Vivienda Social. Al acto asistió el candidato priísta Héctor Astudillo quien se manifestó contra el engaño a familias guerrerenses
Teresa de la Cruz Chilpancingo
Unos 300 capitalinos que han sido defraudados por constructoras, pidieron ayer al gobierno del estado, a través del Segundo Foro Sobre Vivienda Social, que se desarrollen políticas sustentables e integrales en materia de vivienda, así como políticas de regulación para que las constructoras “ya no cometan fraudes”.
En la plaza cívica Primer Congreso de Anahuac, personas defraudadas por constructoras, catedráticos, líderes de organizaciones sociales, empresariales y políticos expusieron sobre el problema de vivienda que actualmente se ha convertido en un “problema social, cuyo déficit es de 17 mil viviendas al año”, según el moderador José Luis Cuevas González.
Al acto asistió también el candidato del PRI a gobernador, Héctor Astudillo Flores, quien habló sobre el engaño contra familias guerrerenses, “sobre todo las de escasos recursos”.
Astudillo Flores no hizo ningún compromiso porque “no vengo en calidad de candidato ni vengo a pedirles el voto, eso será en otro momento”.
De los afectados del fraccionamiento Villas Colibrí, defraudados por la constructora de Puebla, Mantilla y Asociados, habló el también jefe de prensa de la Secretaría de Desarrollo Económico, Luis Flores Nolazkuo, quien hizo un recuento de su situación.
Pidió integrar una Comisión Ciudadana para instalar una mesa de trabajo con los poderes Ejecutivo, Legislativo y la Comisión de Derechos Humanos, para “atender de inmediato los problemas de cientos de familias timadas por empresas inescrupulosas que afectan la economía familiar y la esperanza de una vivienda digna”.
Además propuso que el gobierno del estado emita un decreto de expropiación del terreno de Villas Colibrí –ubicado a un costado de lo que será el nuevo Palacio de Gobierno– porque actualmente “está en manos de un juez, quien lo subastará, pero al suceder esto el costo ya no será en pesos sino en dólares, y ello porque se ubica en la zona de la ciudad de los servicios”.
Intervinieron también los afectados del fraccionamiento Mirna Acevedo de Juárez Cisneros –ubicado entre Chilpancingo y Petaquillas–; ellos denunciaron el fraude en agravio de 105 familias por la constructora Armenta, cuyo dueño, quien es asesor en materia de comunicación del gobernador, Rogerio Armenta, permanecía en ese foro “a modo de burla”, según el presidente del grupo de afectados, Carlos Alvarez Sánchez.
Los defraudados de este fraccionamiento durante el foro mostraron pancartas que decían: “105 familias defraudadas, autoridades necesitamos ayuda”. Asimismo criticaron que en el gobierno no haya políticas sustentables de vivienda “pero son necesarias”.
Luego tocó el turno a los afectados del fraccionamiento 14 de Febrero –que habitan en su mayoría universitarios–, quienes tienes problemas de tenencia de la tierra, y es que se posesionaron de un predio que se ubica frente a la Rectoría de la UAG, “pero hasta en el periodo del ex rector Florentino Cruz Ramirez sólo se habló de instalar mesas para negociar, pero no hay respuesta”, dijo Carlos Altamirano García.
Altamirano García, a nombre de sus vecinos, pidió al gobierno que aplique políticas sustentables e integrales en materia de vivienda, y coincidió con otros ponentes en que el mandatario estatal “debe crear un fondo de inversión para viviendas dignas y decorosas”.
Asimismo, Altamirano García coincidió con los afectados de Villas Colibrí en que se desarrollen políticas para regular a las constructoras, y evitar así que “continúen los fraudes”.
Intervinieron también catedráticos universitarios, dirigentes de cámaras empresariales, así como el subdirector de Instituto de Vivienda y Suelo Urbano (Invisur), Gerardo Nabor Ojeda de la Peña, quien dijo que el problema de vivienda “es muy grave”, sobre todo por las cerca de ocho mil comunidades dispersas generadas por el crecimiento de la población y la migración del campo a la ciudad.