Colectivos de familiares de desaparecidos y el Centro Regional de Defensa de los Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), manifestaron que el viernes se cumplen los 30 días hábiles después de que el fiscal general del estado, Javier Olea Peláez, propuso a María Guadalupe Rendón Ramírez como fiscal especializada en Materia Desaparición Forzada y Búsqueda de Personas Desaparecidas, pero la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado no ha tomado una decisión al respecto.
En un comunicado el Centro Morelos y el Colectivo de Familias de Desaparecidos y Asesinados de Chilpancingo, Familias de desaparecidos de Chilapa, de Iguala y Acapulco mostraron su preocupación, pues el martes los diputados locales tuvieron su primera sesión y no incluyeron el tema en el orden del día.
Los familiares rechazan la propuesta del fiscal y demandan que se abra una convocatoria para que sean tomadas en cuenta sus propuestas y las necesidades que tienen, para que se designe a un titular que garantice los derechos de las víctimas.
Las familias insisten en que Rendón Ramírez, actual titular de la Unidad Especializada en Búsqueda de Personas no Localizadas, no ha implementado estrategias de búsqueda y localización de los desaparecidos.
“El día de ayer los diputados realizaron la primer sesión del año y no incluyeron el tema de la Fiscalía Especializada en Materia de Desaparición Forzada y Búsqueda de Personas Desaparecidas que, de acuerdo a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, si en 30 días hábiles no se da el visto bueno o se rechaza la propuesta automáticamente se da por aprobada la propuesta enviada por el Fiscal… para poner al frente a María Guadalupe Rendón Ramírez”, detallan.
Informan que el plazo vence el viernes, que este jueves sesionarán nuevamente los diputados locales y que existe el fundado temor de que se avale la propuesta del fiscal, pues ningún miembro de la Junta de Coordinación Política ha dado respuesta, ni de manera pública ni particular, a las familias.
El Centro Morelos y los colectivos insisten en que les preocupa esta situación, porque las familias han recurrido a todas las instancias del estado y en ninguna han tenido respuestas, al contrario, han sido revictimizados y estigmatizados.
Agregan que se ven obligados a investigar, dando todos los elementos e información a las autoridades, y es lo único que aparece en las averiguaciones previas o carpetas de investigación.
Llaman nuevamente a los integrantes de la Junta de Coordinación Política y a todos los diputados a que se sensibilicen, y que consideren las peticiones que hacen las familias que viven el martirio de tener a un familiar desaparecido.

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