El Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos) y el Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (Ccti) condenaron el asesinato del abogado de Tixtla, Eduardo Catarino Dircio ocurrido el domingo pasado, manifestaron que es obligación del Estado otorgar medidas cautelares a los testigos y familiares.
Las organizaciones mediante un comunicado manifestaron que el domingo 4 de junio a la 1:30 de la tarde tras una persecución y enfrentamiento entre grupos civiles armados y policías estatales en la ciudad de Tixtla, según testimonios Catarino Dircio fue ejecutado extrajudicialmente dentro de su casa frente a su esposa Hilda Vázquez Cipriano, su hija y su sobrino.
Las organizaciones afirmaron que han pasado varios días y el gobierno del estado no ha detenido a ningún responsable por la ejecución.
Aseguraron que la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum) no ha solicitado al gobierno del estado medidas cautelares para la familia de Eduardo Catarino, quienes denunciaron públicamente la ejecución extrajudicial y sumaria del dirigente municipal de Morena a manos de un policía estatal, así como las amenazas y agresiones verbales hacia ellos, lo que pone en alto riesgo a los testigos.
Acusaron que el vocero en materia de Seguridad, Roberto Álvarez Heredia, en un afán de ocultar los hechos en sus primeras declaraciones aseguró que el abogado era sicario, criminalización que agravia más a la familia, sus compañeros abogados de Tixtla y del estado.
“Condenamos enérgicamente los hechos ocurridos y reprobamos que se minimice un crimen de lesa humanidad y, por el contrario se dé la criminalización y revictimización que sufrió el abogado y su familia en los boletines emitidos por el vocero”, dijeron las organizaciones en el comunicado.
Añadieron que es respetable que los familiares no permitieran trasladar el cuerpo de Eduardo Catarino al Servicio Médico Forense (Semefo) ante el temor de que le fabricaran más delitos.
Urgieron que la Fiscalía General del Estado (FGE) investigue eficazmente y dé con el responsable intelectual y material del asesinato del abogado, pues dejó secuelas psicológicas irreversibles en su familia, quienes deben recibir justicia y la reparación del daño.
Las organizaciones afirmaron que les preocupa la falta de sensibilidad de quienes están al frente de salvagurdar la seguridad de los guerrenses, y el rezago en la implementación de los protocolos de actuación no sólo de los policías estatales sino de todos los niveles de seguridad.
Reprocharon que a pesar de la militarización en ciudades como Chilpancingo, Tixtla y Chilapa siguen ocurriendo ejecuciones y asesinatos, además de que los policías y el Ejército continúan dando motivos para generar desconfianza ante los ciudadanos.
Manifestaron su rechazo a la Ley de Seguridad Interior, porque aseguraron que el asesinato de Eduardo Catarino demuestra que la insensibilidad de los policías y militares los ha rebasado.