Los padres de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa desaparecidos y su abogado Vidulfo Rosales Sierra pidieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y al Estado mexicano, que se abra una nueva línea de investigación a la versión de que un grupo de normalistas pudo haber sido llevado a La Gavia, municipio de San Miguel Totolapan, y entregado al grupo criminal Los Tequileros.
El abogado informó que la petición la hicieron el 6 de julio durante la audiencia del Mecanismo Especial de Seguimiento de la CIDH en Lima, Perú.
El abogado explicó que desde el inicio de la desaparición de los 43 estudiantes surgieron varias teorías con información anónima, pero que nunca mencionaron concretamente que habrían sido llevados a La Gavia, como recientemente informaron pobladores de San Miguel Totolapan a algunos medios de comunicación.
Informó que la versión de que los estudiantes fueron llevados a la Tierra Caliente nunca se tomó como una línea de investigación por la Procuraduría General de la República (PGR), porque no tenía fuerza la aseveración debido a que era anónima.
“Sin embargo con lo que ya se ha comentado de que hay personas de San Miguel Totolapan que sostienen esa versión, adquiere más objetividad y ya tiene que ser motivo de una investigación”, dijo Vidulfo Rosales.
Informó que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) tampoco abundó al respecto, y que ahora es una línea de investigación nueva “que a nosotros nos inquieta y nos preocupa y creemos que debe ser objeto de una investigación exhaustiva”.
Añadió que durante la audiencia que tuvieron en Lima Perú con el Estado mexicano y la CIDH, estaba justamente circulando esa versión en México y que el comisionado del Mecanismo Especial de Seguimiento, Paulo Vannuchi mencionó el caso y que incluso leyó una nota periodística que hablaba de La Gavia y que lo puso en la mesa de la discusión.
Añadió que el Estado mexicano no respondió “en absoluto” a ese cuestionamiento.
Agregó que en la audiencia privada del jueves 6 de julio hicieron énfasis a la CIDH y al Estado mexicano que esa debe ser una línea de investigación.
“Concretamente hicimos la solicitud de que se pueda investigar el tema de La Gavia, como una línea sólida y máxime hoy que se dice que hay un reo en el penal que proveyó esa información, resulta más objetiva, inquietante y preocupante, razón por la cual hay que dilucidarla”, consideró.
Para Rosales Sierra hay elementos suficientes como para erigir la hipótesis en una verdadera línea de investigación que abarque las entrevistas con la persona detenida, investigación de campo y la búsqueda con tecnología la existencia de fosas en esa zona.
Indicó que con esta versión cada vez salen más datos e hipótesis que contrastan y echan por tierra la conclusión a la que llegó el ex procurador Jesús Murillo Karam, en el sentido de que los estudiantes fueron asesinados e incinerados en el basurero de Cocula.
Mencionó que el caso da cuenta de una red de complicidades mucho más amplia, “habla de un control que rebasa a las autoridades municipales, estamos hablando de una autoridad federal capaz de controlar territorialmente todos esos espacios”.