Policías de Seguridad Pública estatal que fueron dados de baja desde mayo denunciaron que el secretario Pedro Almazán Cervantes, incurrió en abuso de autoridad en su contra sólo por exigir sus derechos, y demandaron al gobernador Héctor Astudillo Flores que reconsidere su despido.
Los policías quienes se siguen considerando miembros de la corporación porque aseguraron que no han recibido ningún documento que diga que están dados de baja o despedidos, declararon que sin policías suficientes a quien se afecta es a la población que queda vulnerable frente a la delincuencia.
Este miércoles unos 30 policías sancionados que se concentraron afuera de las instalaciones de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero (Codehum), aclararon que no se consideran despedidos ni dados de baja de la corporación, sino solamente “reprimidos” por el secretario de Seguridad Pública estatal, pues no les ha llegado ninguna notificación, y tampoco han firmado algún documento donde aceptan su finiquito.
Uno de los policías, José Muñoz informó que hasta éste miércoles sabían que fueron 176 los policías “sancionados”, quienes a partir del 31 de mayo les retuvieron sus salarios, después de que protestaron en el cuartel general de esta capital en demanda de una jornada laboral de tres días de descanso por tres de trabajo.
Ayer informaron que en su protesta también exigían chalecos blindados, mejor armamento y equipo de transporte porque en las operaciones utilizan vehículos no oficiales, lo que calificaron como una irregularidad.
Explicaron que estas demandas eran para mejorar el servicio que prestan a la sociedad, pero que el secretario de Seguridad Pública prefirió reprimir el movimiento y con ello incurrió en abuso de autoridad, y por ello debe de ser sancionado.
José Muñoz denunció que la actitud que asumió el secretario demuestra que no le interesa la seguridad de la sociedad, porque en vez de incrementar la fuerza policiaca como se comprometió al inicio de la actual administración estatal, la disminuyó al sacarlos del servicio.
Dijo que vulneró la seguridad de la población, “porque le quitó policías a los ciudadanos, pero no se quitaron sus escoltas los funcionarios, ellos sí siguen bien protegidos, es al pueblo al que dejan desprotegido”.
Dijo que de por sí el secretario Almazán Cervantes ha estado prestando un “pésimo” servicio de seguridad a la sociedad, “y los resultados de su trabajo han sido insuficientes”.
Otro policía declaró que de los 176 sancionados (en todo momento evitaron aceptar que están despedidos o dados de baja) ninguno ha aceptado el finiquito que les ofrecen.
Informó que tampoco han recibido alguna notificación que les diga que están despedidos o dados de baja, por lo que se siguen considerando policías en activo, sólo que no han recibido sus salarios desde el 31 de mayo por la “represión” del secretario de Seguridad a consecuencia de su protesta.
José Muñoz añadió que siguen en “pie de lucha” y que si este miércoles acudieron pocos a la conferencia de prensa, fue porque el resto se encuentran en otras actividades.
En la conferencia de prensa afuera de las instalaciones de la Codehum, algunos policías mostraron pancartas, en algunas de ellas se leía: “No a la represión”. Otras mostraban fotografías de policías caídos en el cumplimiento de su deber. Uno de los agentes explicó que situaciones como esas eran las que pretendían evitar al exigir más equipo y armamento, pero que las autoridades en vez de resolverles respondieron con represión a su movimiento.
En otra de las pancartas se leyó: “Se le hace un llamado a la ciudadanía en general, también a los trabajadores de los tres niveles de gobierno, como a las corporaciones policiacas de los 3 órdenes para que hoy 9 de agosto del 2017 hagamos un paro nacional de 2 minutos como rechazo total al abuso de autoridad que fue decretado por el presidente Peña Nieto, y que se le dé cumplimiento y no quede en la impunidad”.
Los policías pidieron al gobernador que reconsidere la postura que asumió su secretario de Seguridad Pública y pidieron una nueva mesa de diálogo.
“Estamos pidiendo al gobierno que se reivindique porque a veces se toman decisiones de una mente intolerante”, dijo José Muñoz.