El representante legal de la hermana del preso político Gonzalo Molina González, Claudia, Hegel Mariano Ramírez informó que está presa por terrorismo, privación de la libertad, lesiones agravadas y robo específico, que ya se desahogaron las pruebas y esperan que este jueves se le dicte auto de libertad.
Del caso de Gonzalo Molina expuso que su situación jurídica se ha complicado porque tres personas que lo acusaron cambiaron de domicilio, se están localizando para interrogarlos, pueda darse por terminado el proceso y se le dicte una sentencia definitiva.
Claudia González fue detenida el 7 de junio cuando llegó al puerto de Los Cabos, Baja California, donde pensaba establecerse por un tiempo y trabajar, fue trasladada al reclusorio de la capital.
“El día de hoy ya hemos desahogado las pruebas que hicimos dentro del plazo constitucional, ya el día de mañana a las 7 de la tarde se le vence el plazo a los jueces para que le resuelvan su situación jurídica, y determinen en qué situación va a quedar. Agregó que hay dos procedimientos ante dos jueces que desde el sábado hasta ayer se ofrecieron testimonios, algunas pruebas documentales, pidiendo que se inspeccionaran algunas fotos que había en los expedientes para demostrar que ella no ha incurrido en ninguno de los delitos que se le están imputando, y para demostrar las inconsistencias de las acusaciones que tiene en su contra.
“Lamento mucho la ejecución de estas órdenes de aprehensión, porque recientemente en una reunión con el fiscal (Javier Olea Peláez), donde estuvieron familiares de Molina González, el fiscal se comprometió a que todas las órdenes de aprehensión que se encontraban vigentes quedarían suspendidas”, informó.
Dijo que en enero se ejecutó una orden de aprehensión contra un integrante de la Policía Comunitaria de la Casa de Justicia Mi Patria Es Primero, del barrio El Fortín en Tixtla, pero que no se hizo público porque los familiares no quisieron, pero quedó libre en el plazo constitucional.
Informó que todavía hay otras órdenes de aprehensión vigentes que son cerca de 10 contra integrantes de la Policía Comunitaria de Tixtla y de Olinalá, que se había comprometido a suspender el fiscal pero no lo hizo.
De la situación jurídica de Gonzalo Molina, el abogado expuso que se ha complicado porque algunas personas que declararon en su contra cambiaron de domicilio, algunos que eran policías se dieron de baja y no se han podido localizar.