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Viernes 14 de Agosto de 2026

Guerrero, México

Guerrero  

Podrían exonerar de dos de los tres delitos imputados a los policías de Zihuatanejo, confía el Ayuntamiento

El director municipal de Asuntos Jurídicos, José Luis Amador señala que los agentes sí están registrados en la corporación y las armas que traían están dentro en la licencia colectiva 110, y sólo se tendrán que presentar las pruebas para que se deslinde de la acusación de delincuencia organizada en contra de los 20 detenidos de la PGR

Brenda Escobar

Junio 16, 2017

A un mes de que policías estatales y militares irrumpieron en las instalaciones de la Dirección Municipal de Seguridad Pública y Vialidad de Zihuatanejo para revisar el armamento de los policías municipales y detuvieron a 51 de ellos, el director municipal de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento, José Luis Amador Abarca manifestó que los 20 elementos que están recluidos en penales de máxima seguridad en Oaxaca y Nayarit podrían ser exonerados de los delitos de portación de armas de uso exclusivo y de uniformes policiacos.
Explicó que los agentes municipales detenidos “tienen la manera de demostrar que las armas que traían en el momento de la detención son de la corporación municipal y que si estaban vestidos de policías es porque lo son y lo comprueban con documentos y la nómina oficial de esa dependencia, es decir, podría ser que los exoneren de uno o dos delitos pero sigan presos si los acusan de delincuencia organizada, y ahí sí cada uno de ellos tendrá que demostrar su inocencia”.
Mientras tanto, el gobierno del estado por medio de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal continúa a cargo de la seguridad del municipio de Zihuatanejo en coordinación con el Ejército, desde el día del operativo.
El 16 de mayo 51 policías municipales preventivos fueron detenidos por sus pares estatales, nueve de ellos fueron liberados durante la revisión de armamento porque demostraron con una identificación vigente que son policías en activo y están aptos para portar armas. Los detenidos fueron llevados al puerto de Acapulco, 31 agentes quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE) por el delito de usurpación de funciones, éstos quedaron en libertad y regresaron a Zihuatanejo dos días después.
Sin embargo los otros 20 fueron presentados en la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) y son acusados de delincuencia organizada, portación ilegal de armas para uso exclusivo, contra la salud y acopio, 17 de ellos fueron llevados a un penal de máxima seguridad en Oaxaca y los tres restantes a un penal en Nayarit, entre estos tres hay uno con el mote de El Cadete a quien el gobierno señala de pertenecer a un grupo de la delincuencia organizada y de estar infiltrado en la corporación policiaca municipal.
Cinco días después todos los policías municipales fueron desalojados de la Dirección de Seguridad Pública de Zihuatanejo por instrucciones de la Policía del Estado ya que de los 240 agentes de la corporación sólo 44 están aprobados para portar armas, el resto no ha aprobado los exámenes de control y confianza ni cumplen con los requisitos para enlistarse en la licencia oficial colectiva 110 para estar armados, los agentes se negaban a salir a patrullar sin armas luego del asesinato de tres de sus compañeros el 25 de abril pasado en Ixtapa.
Ayer a un día de cumplirse un mes de estos hechos el director de Asuntos Jurídicos del gobierno municipal, José Luis Amador Abarca dijo que el gobernador, Héctor Astudillo Flores, tiene facultades para hacerse cargo de la seguridad del municipio a raíz de que se dio la detención de los municipales, por lo que ellos no pueden trabajar en coordinación con los policías estatales “porque no están armados y por seguridad no están trabajando pero siguen siendo trabajadores, siguen compareciendo, por las mañanas van a pasar lista”.
“Con relación a los otros 20 que están detenidos siguen siendo policías porque todavía no se concluye el procedimiento para la suspensión, porque la ley señala que debe seguirse un procedimiento para la suspensión de esos policías (…) no los podemos dar de baja porque incurriríamos en responsabilidades”.
Agregó que la situación jurídica de los 20 agentes está atendida por un defensor de oficio federal y que el gobierno municipal no interviene en su defensa, “lo único que hizo el municipio desde un principio fue proporcionar la documentación que fue requerida por las autoridades y por los propios policías para acreditar que efectivamente eran policías”.
Amador Abarca confió en que los policías puedan ser exonerados de los delitos de portación de arma “porque se acreditó que verdaderamente son policías con su nombramiento, con su alta y con la nómina, es decir, por ese delito pueden salir exonerados, pero por los demás delitos eso ya es individualmente cada uno de los policías tendrá que defenderse, por ejemplo, delincuencia organizada, ahí nosotros no sabemos absolutamente nada de ese asunto”.
“Precisar que podrían ser exonerados de ese delito u obtener su libertad de ese delito (portación de armas), es decir, los vinculan por tres delitos y pueden estar libres de dos y quedan detenidos por uno, pero de lo poco que se conoce periodísticamente no existen prueban fehacientes que se encuentre acreditado algún otro ilícito, porque decían ‘portación de armas’ pero las armas están resguardadas por la licencia colectiva 110, es decir, las armas eran legales, entonces no hay ese delito, ahora, el uniforme, que estaban uniformados y armados, sí, estaban uniformados porque son policías, entonces ya de los demás delitos cada uno habrá de responder y demostrar su inocencia”.
El funcionario señaló que el defensor de oficio federal tiene la seguridad de que los agentes son inocentes “porque pidió un término corto, un término de tres meses” y el juez de Control dijo “no, que sean cuatro meses, o sea si hay alguna probanza que se tenga que tardar pide un año para que dé tiempo de andar buscando pruebas, testigos, pero creo que el defensor vio que no había mayor cosa qué probar ahí y dijo ‘tres meses’ y al final le dan cuatro meses… en septiembre estaría dictándose la resolución”.
A pregunta expresa sobre que los agentes salieran en libertad, “según la ley tendrían que regresar a seguir siendo empleados, según la ley de Seguridad Pública municipal, y se les tendrá que pagar todo en caso de que se les haya retenido algún salario, se les tendrá que pagar todo porque así lo señala la ley (…) considero que se está llevando un procedimiento legal que a veces pues sí es tardado y por la implicación que tuvo a nivel nacional, para mí era difícil que los soltaran en forma inmediata y por esa razón, de 60, 40 salieron libres”.
Por otra parte, policías municipales comentaron que el gobierno municipal aprovechó la situación para ofrecerles a todos ellos que aprovecharan los dos periodos vacacionales que les tocan por año, aunque siguen presentándose a firmar asistencia a las instalaciones de Seguridad Pública.
Uno de ellos comentó que todos coinciden en que su situación laboral es incierta pues sólo saben que serán más de 100 policías los que posiblemente el mes próximo vayan a presentar sus exámenes de control y confianza, pero a ciencia cierta no saben si sólo será esa cantidad de agentes o irán todos, “lo que sí sabemos es que si no pasamos esos exámenes nos van a correr”.
Otro policía dijo que la información extraoficial que tienen es que “como ya se nos vencieron los días de vacaciones tenemos que empezar a presentarnos todos, que los compañeros que son aptos los van a poner a cuidar instalaciones públicas del Ayuntamiento y los que todavía no han pasado los exámenes los van a mandar de agentes de Tránsito municipal, también se sabe de manera extraoficial que ya hay un dinero destinado para que los compañeros comiencen a irse a reevaluar  y dependiendo de ese resultado los que no pasen serán dados de baja y los que sí su función será andar vigilando oficinas del Ayuntamiento”.