Aurora Harrison

El director de Gobernación del estado, Francisco Rodríguez Cisneros, informó que uno de los delitos por los cuales se presentará la denuncia en contra quienes armaron y presentaron a los 15 niños y cinco niñas de Ayahualtempa será por abuso de infantes.
En declaraciones en las oficinas de la Delegación de Comunicación Social, ubicadas en plaza Marbella, en Acapulco, dijo que era una acción de presión política que un grupo de adultos utiliza a los niños ante situaciones no justificadas.
Como se informó, autoridades comunitarias y pobladores de Ayahualtempa, municipio de José Joaquín de Herrera, presentaron a 15 niños y cinco niñas y adolescentes que formarán parte de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF), para la defensa de su territorio.
Sobre cuándo presentará la denuncia, el funcionario respondió que la próxima semana porque la Procuraduría de la Defensa del Menor hace “una revisión para hacer el encuadramiento jurídico y presentar la denuncia en la Fiscalía General del Estado a efecto de que se investigue y se deslinden responsabilidades y haya una persecución, en el caso de que existan personas responsables, por la comisión de esta actividad.
“Constituye un abuso para los niños por armarlos, porque ellos, debemos de recordar, que no tienen la edad para tomar una decisión en ese sentido, y eso constituye un abuso de menores”, dijo el funcionario, quien desestimó que se hayan armado para dar seguridad: “ellos están obligados, a diferencia de los adultos que ya tenemos conocimiento pleno de las cosas, podemos tomar una decisión, a ellos los obligaron adultos con una finalidad”.
Dijo que la presentación de los niños armados como parte de la CRAC-PF “es una acción de presión que un grupo de adultos utilizan para presionar al estado, ante situaciones que no se justifican. En primera porque hay una presencia permanente del estado en su más amplio contexto. Está la presencia de la Guardia Nacional, de la Secretaría de la Defensa Nacional, la propia policía del estado, e incluso la Fiscalía está haciendo una serie de actuaciones en la localidad y en materia de atención social”.
Recordó que el año pasado el Gobierno del estado destinó presupuesto para la construcción de calles, la construcción de dos aulas de telebachillerato en la comunidad de Ayahualtempa, y la Secretaría de Bienestar tiene presupuesto para huertos escolares, cuartos adicionales en las casas y pintura; también hay “una misión cultural del gobierno federal también trabajando en la localidad” en prevención y atención.
“Nosotros reconocemos que hay una serie de incidentes que son muy lamentables, también somos muy categóricos en afirmar que la acción del estado ha sido contundente desde que llegó esta administración. Hay una presión política por parte de los líderes que se autodenominan policías comunitarias, y nosotros estamos trabajando de forma institucional en ese corredor de Chilapa-Hueycantenango, hemos dialogado con todos”.
Detalló que hay inconformidad de maestros de la comunidad de que haya niños armados.
De la desaparición de familiares del comandante de la CRAC-PF Antonio Toribio Gaspar, dijo que desde el primer momento se atendió “y el día que ellos deciden hacer este acto de presión” el dirigente participaba en una de las acciones acordadas, se “subió al helicóptero de la Policía del Estado a efecto de hacer un reconocimiento en la zona”.
Agregó que un día antes de la presentación de los menores armados, estuvo en una reunión con los dirigentes, “hemos estado todas las autoridades”. Detalló que en la entrada a la comunidad hay un módulo de la policía estatal que está 24 horas.
Rodríguez Cisneros dijo que se desconoce el motivo por el cual los familiares de Antonio Toribio fueron privados de su libertad. Aseguró que la Fiscalía General del Estado está llevando a cabo la investigación sobre esos hechos, porque se sigue con la búsqueda con el apoyo de la federación y de los propios familiares que decidieron participar.
En tanto, la Fiscalía estatal inició una carpeta de investigación por el delito de corrupción de personas menores de edad, ante el conocimiento de que en la comunidad de Ayahualtempa, un grupo identificado como “Policías Comunitarios” armaron a dos decenas de niños y niñas.
Por la anterior, “con el firme compromiso de velar por el interés superior de la niñez esta Fiscalía inició las investigaciones correspondientes en contra de quien o quienes resulten responsables, a fin de garantizar la integridad física, psicológica y emocional de los menores, como también lo establece la Declaración de los Derechos del Niño”.
Se añade, en un comunicado, que “en irrestricto apego a sus funciones de procuración de justicia además de investigar, la FGE coadyuvará con autoridades estatales y federales para la prevención del delito, así como en la concientización de los pobladores sobre los derechos de niños, niñas y adolescentes”.