Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El próximo 31 de octubre se resolverá la situación jurídica de la activista Kenia Hernández Montalván, por cuanto hace a la causa penal del fuero federal, informó por teléfono su abogado, Antonio Lara Duque.
Explicó que esta tercera causa penal que le integró el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal con residencia en Acapulco, fue por una protesta que encabezó en la caseta de peaje de la Autopista del Sol, ubicada en La Venta en Acapulco, para pedir la presentación del promotor de la Policía Comunitaria de Tixtla, Gonzalo Molina González, en marzo del año pasado.
El abogado denunció que la dirigente del Colectivo Libertario Zapata Vive y del Movimiento por la Libertad de los Presos Políticos en Guerrero (Molpeg), se enfrenta ante una situación no legal, sino política, pues existe una coalición de los gobiernos de los estados de México y Guerrero, así como el federal, para obstaculizar y hostigar su labor de defensa a favor de los derechos humanos.
Lara Duque informó que la orden de aprehensión que se originó de la causa penal 322/2020, girada por el juez de control federal del Centro de Justicia Penal Federal con residencia en Acapulco, fue por una acusación de Caminos y Puentes Federales por el presunto delito de ataques a las vías generales de Comunicación.
En la carpeta de investigación se mencionan hechos ocurridos el 29 de marzo de 2019, a las 19 horas en la caseta de la Autopista del Sol, en La Venta.
En la denuncia se dice que Kenia Inés Hernández Montalván, “ordenó” la toma de la caseta de La Venta en Acapulco, lo que impidió que los automovilistas pagaran el peaje para circular por la vía.
El abogado declaró que los testigos en contra de Kenia son los propios trabajadores de la caseta, quienes refieren que ese día hubo una protesta y que escucharon y se percataron que fue “por la desaparición” de un integrante de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) “de nombre Gonzalo Molina”.
Gonzalo Molina había salido libre del penal de Chilpancingo en febrero del año pasado y días después viajó a la Ciudad de México, donde se denunció su desaparición el 25 de marzo, junto con dos de sus familiares, pero reapareció el 29 de marzo.
Lara Duque informó que la siguiente audiencia de Kenia Hernández será a las 9 de la mañana del 31 de octubre, cuando la defensa de la activista presentará pruebas que acrediten su inculpabilidad.
De acuerdo con el abogado, será ese día cuando se resuelva la situación jurídica de la activista, “esto abre la posibilidad de que Kenia Hernández recupere su libertad por cuanto hace a la acusación federal que se realizó ante la Fiscalía General de la República en su delegación Guerrero”, declaró.
Explicó que de ser así, Kenia tendría que ser regresada al penal de Santiaguito de Almoloya, Estado de México, donde se había ordenado originalmente su libertad por otra causa penal, ésta por robo con violencia presentada por el gobierno del Estado de México.
Informó que del Penal de Acapulco la trasladaron el domingo pasado al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso), sección femenil número 16, ubicado en Coatlán del Río, Morelos, a petición del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación, porque cuenta con medidas de protección de ese organismo.
Recordó que Kenia fue extraída de Guerrero el año pasado por la Secretaría de Gobernación, a través del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, porque fue víctima de amenazas de muerte que ponen en riesgo su vida.
Agregó que derivado de ello, mantenerla en el penal de Acapulco, “aumentaba el riesgo a su integridad”. Debido a ello el juez de control ordenó que se trasladara al penal femenil de Morelos.
Para el abogado, el hecho de que en cinco meses haya enfrentado tres causas penales, no tiene explicación legal, “estamos ante un ejercicio político del sistema de justicia penal, y lo que están intentando los gobiernos del Estado de México, el federal y el de Guerrero, es obstaculizar y hostigar la labor de defensa a los derechos humanos que realiza Kenia Inés Hernández”, acusó.
Dijo que hay una coalición de los gobiernos del Estado de México, Guerrero y el federal, para afectar a Kenia por su activismo social y en defensa de los derechos humanos.
Denunció que hay una decisión política de las autoridades federales y estatales para ejercitar acciones penales, “mediante acusaciones falsas para vulnerar su labor de defensa, esa es la explicación de toda esta serie de situaciones anómalas, que rayan en lo indignante”, dijo.