Jacob Morales Antonio

Chilpancingo

El abogado Vidulfo Rosales Sierra expresó su preocupación y dijo que es delicado que la entrega voluntaria del capitán José Martínez Crespo sea para limpiar la imagen del Ejército y no para saber el paradero de los 43 normalistas desaparecidos de Iguala.
El jueves pasado se informó que el capitán José Martínez Crespo, que estaba adscrito al 27 Batallón de Infantería de Iguala cuando desaparecieron los 43 normalistas de Ayotzinapa, fue detenido por su participación directa en los hechos, y se encontraba en una prisión militar.
El abogado Vidulfo Rosales declaró que tenía conocimiento de que el capitán Crespo está procesado en el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales con sede en Toluca, no en un tribunal militar, y consideró que sta detención representa un avance en las investigaciones del caso Ayotzinapa , que es la primera autoridad federal y militar procesado por su participación directa en los hechos de Iguala. Agregó que ahora la atención debe centrarse en que rinda cuentas de su participación y en lo que él conozca del paradero de los jóvenes desaparecidos.
El mismo día, el abogado Conrado López Hernández, declaró que Martíne Crespo n fue detenido por el caso Ayotzinapa, sino que negoció su entrega para hacer frente a un solo delito , qu es delincuencia organizada en su modalidad de delitos contra la salud. Precisó que el militar solicitó explícitamente ser recluido en la prisión del Campo Militar 1-A.
Ayer, en declaraciones por teléfono el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan afirmó que el hecho de que el capitán Crespo se haya entregado el miércoles de manera voluntaria, como informó su abogado, por un acuerdo y negociación de la Fundación Antigüedad 1987-1991 del Heroico Colegio Militar y la Secretaría de la Defensa Nacional es delicado.
Rosales Sierra indicó que lo informado por el abogado del capitán Crespo es preocupante, porque hay indicios de que sí participó en la operación contra los normalistas la noche de Iguala y por eso no sólo debe enfrentar el cargo de delincuencia organizada en modalidad de delitos contra la salud, sino por la desaparición forzada de los normalistas.
Calificó de delicado el hecho de que la alta jerarquía militar haya intervenido para que con la entrega voluntaria del capitán Crespo se limpie la imagen del Ejército.
Subrayó que esa negociación, si es que se dio en ese sentido, “no va a tono” con el compromiso y la palabra del presidente Andrés Manuel López Obrador en las reuniones que ha sostenido con los padres de los 43 normalistas.
El abogado de los padres y madres de los normalistas sostuvo que hay pruebas suficientes de que el capitán Crespo estuvo a cargo de más de 20 elementos militares y que la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014 dirigió un operativo y recorrió varios lugares de Iguala “y no fue para ayudar a los estudiantes sino a ayudar a Guerreros Unidos, es decir, un capitán y un capitán del alto mando del Batallón de Iguala que sí se asoció con la delincuencia organizada para agredir a los estudiantes”.
Rosales Sierra dijo que por estos hechos el capitán Crespo debe de ser enjuiciado y se le debe decretar de manera inmediata el auto de formal prisión.
Agregó que este acuerdo por parte de la jerarquía militar y la Sedena, no abonaría a dar información del paradero de los estudiantes, e insistió “la negociación es para que se le libere –al capitán– con la idea de limpiar la imagen del Ejército”.
El abogado dijo que el capitán debe responder ante las autoridades de la Fiscalía General de la República porque él tuvo información desde que los normalistas llegaron a Iguala en tiempo real, estuvo recorriendo varios lugares. El abogado preguntó porqué el mando militar no dio información ni alertó al resto de las autoridades cuando los normalistas fueron atacados.
“Porqué no tomaron las medidas para prevenir una agresión a mayor escala?, esas pregunta las debe de contestar durante el proceso que se tiene que dilucidar”.