Lourdes Chávez

Chilpancingo

Tras cuatro años de trámites y protestas, el ejido de San Miguel del Progreso, del Consejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio (Craadet) presentó su estatuto interno, aprobado por el Registro Agrario Nacional (RAN), el primero en el estado y el país en español y en lengua me’phaa, que incluye la postura de la comunidad contra la explotación minera y los derechos de los pueblos originarios.
Al salir de la delegación del RAN, en Chilpancingo, el ex presidente del núcleo agrario del municipio de Malinaltepec, Ángel Barrera, destacó que el pueblo podrá aplicar el estatuto sin ser criminalizado, cuando sus instituciones actúen en contra de quienes pretendan apropiarse de bienes naturales en su territorio.
Como ejemplo, señaló la latente amenaza de las empresas mineras, las que buscan agua o de aquellas que quieran apropiarse de su biodiversidad.
La lucha de los bienes comunales de San Miguel del Progreso por sus derechos, tiene antecedentes en los amparos que permitieron detener el proyecto minero Corazón de Tinieblas y Reducción Norte de Corazón de Tinieblas, para extraer oro y plata de los municipios de Malinaltepec y Zapotitlán Tablas, por una empresa de origen peruana, con capital británico de la Hochschild Mining, en 2019.
En el mensaje del núcleo agrario, reconoció el papel del delegado del RAN, Miguel Flores Morales, y de la funcionaria Yesenia Pineda Muñiz, en el reconocimiento de los derechos del pueblo me’phaa, para terminar con cuatro años de bloqueo institucional.
Así como a la reciente reforma al artículo 2 de la Constitución del país, de diciembre pasado, que reconoce los derechos sobre la libre determinación, autonomía y carácter de sujetos de derecho público de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, que promovió la presidenta Claudia Sheimbaum Pardo.
El registro del estatuto comunal también fue validado por el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), que realizó el peritaje de traducción para el RAN.

Antes de ocupar la delegación federal, en octubre de 2024, Flores Morales era director general de Derechos Humanos, dependiente de la Subsecretaría de Gobierno, Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría General de Gobierno. Es originario de la región Montaña y pertenece al pueblo me’phaa.
En el mensaje del núcleo agrario, el ex comisariado señaló que la llegada de Flores Morales “erradicó el bloqueo institucional que anteriormente sufrimos por parte del RAN, en contra de los pueblos que integran el Craadet, con la calificación positiva e inscripción del tángoo drígóó mbaa (estatuto comunal).

Lo aplicarán contra la industria extractiva

Ángel Barrera enfatizó que el estatuto fue escrito totalmente “en nuestro idioma me’phaa y con ello nuestro pueblo de San Miguel del Progreso logra un hecho inédito e histórico para los pueblos originarios de Guerrero y posiblemente también para los del resto del país, porque no sólo se trata de haber logrado la inscripción en el RAN, sino haber logrado el pleno reconocimiento y respeto de nuestros derechos colectivos, de nuestro derecho lingüístico y de nuestro derecho a que se respeten nuestros sistemas normativos y nuestros usos y costumbres porque ello nos corresponde históricamente”.
Asimismo, declaró que podrán actuar conforme a derecho, sin que los criminalicen las autoridades de seguridad pública, cuando actúen en contra de quienes traten de apropiarse de sus bienes naturales, “como sucede con la latente amenaza de las empresas mineras, de las empresas que buscan agua o de aquellas que quieren nuestra biodiversidad. Sepan éstas que hoy el respeto de nuestro derecho nos asiste y les aplicaremos las reglas que para ello disponga nuestro estatuto”.
Destacó que se logró el “reconocimiento e inscripción de una fusión o unión entre el derecho agrario y el derecho colectivo de los pueblos originarios que sin duda ratifica que los pueblos originarios nunca hemos dejado de luchar para que se nos respete”.
Precisó que el gobierno federal, a través del RAN, tuvo que enfrentar una forma distinta de interpretar el derecho y repensar que los pueblos originarios.
“Les propusimos y retamos a reincorporar nuevas herramientas y métodos para que hagan efectivo nuestro derecho y ya dejen de mirarnos como sujetos solamente desde el derecho jurídico clásico u occidental, porque ese derecho no fue hecho por nosotros ni fue pensado para nosotros y por ello irrumpe o violenta todos nuestros derechos”.
Aclaró que el estatuto significa el pleno ejercicio del derecho a la libre determinación, porque casi en su totalidad, está orientado a la protección del territorio, “un derecho fundamental para el ejercicio de los derechos colectivos”.
Pugnaron porque este logro inédito siga animando las luchas de los pueblos originarios que integran el Craadet de Costa Chica y Montaña.