Damnificados de las tormentas Manuel e Ingrid de 2013, de la comunidad de San Vicente y del fraccionamiento El Mirador en la capital, interpusieron una queja ante la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), que será remitida a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), para responsabilizar a los tres órdenes de gobierno, ante el incumplimiento de su reubicación.
El dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame, dijo que esta queja va a servir para interponer una denuncia formal contra la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) como responsable, pero también contra los gobiernos municipal y estatal, porque hubo dinero para los damnificados que no se aplicó.
Los damnificados temen que algo pueda ocurrirles en esta temporada de lluvias, pues en otros años ya se han desplomado viviendas en San Vicente, y en El Mirador existe el riesgo de que colapsen 200 casas, debido a que la empresa contratada por la Sedatu las edificó mal, y ya presentan grietas, filtraciones y remoción de los terrenos donde están construidas.
Los damnificados estuvieron acompañados del también dirigente de la Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Civiles, Estudiantiles y Sindicales del Estado de Guerrero, Chávez Adame, organización a la que también pertenecen.
La queja fue recibida por el visitador adjunto, adscrito a la Segunda Visitaduría General, Mario Alberto Agama Carmona, y quedó asentada en el expediente 2VG/039/2017.
Consultado en las instalaciones de la Codehum, en representación de los damnificados, Chávez Adame recordó que tras el paso de los fenómenos meteorológicos se supo de un presupuesto millonario, y que después la titular de la Sedatu, Rosario Robles Berlanga declaró que más del 90 por ciento de las casas para damnificados en Guerrero ya habían sido construidas y que ya se había reubicado a las familias.
Reprochó que, aunque fueron reubicados en El Mirador, las casas están en mal estado, porque las empresas no cumplieron los estándares de calidad.
“En El Mirador podemos hablar de unas 200 viviendas que están en posibilidad de colapsar; hay como 46 que definitivamente se van a tener que demoler. Hicimos un cálculo porque no creemos que aguanten, fueron armables y de dos pisos, entonces se agrieta lo de arriba y lo de en medio pueden caer”, detalló Chávez Adame.
Agregó que lo más grave es que en esas casas viven personas en situación de vulnerabilidad, y citó el caso de la señora Dulce, que no puede mover las manos ni los pies, y su hijo Iván que tiene problemas psicomotores.
Insistió en que, “la queja va en contra de quien resulte responsable, esto va a ayudar para que también se pueda interponer una denuncia formal en contra de la Sedatu, que fue la responsable, pero hay fondos concurrentes del municipio y del estado que tampoco se han visto, no se aplicaron, dijeron que no tenían”.
Expuso que el delegado de la Sedatu, José Manuel Armenta Tello les dice que el problema de los damnificados no es de su administración, que cuando llegó ya estaba, que es en las administraciones pasadas que tuvieron que aplicar en forma y tiempo el presupuesto; sin embargo, consideran que es la misma dependencia y tiene la responsabilidad de resolver el problema.
El dirigente añadió que el municipio de Chilpancingo no ha concretizado el recurso que le corresponde, igual que el gobierno del estado, y que ahora que lograron abrir un diálogo con el gobernador, le van a pedir que destine recursos extraordinarios para las zonas que están afectadas.
De San Vicente, recordó que, “son 578 familias que no han sido reubicadas a Coapanguito; ha sido tan bondadoso el pueblo de San Vicente, que dona el predio para que se construyan las viviendas. Hubo intentos de construcción de escuelas, curiosamente las escuelas avanzaron, se detuvieron, de diferentes niveles, incluso la iglesia estaba destinada a un lugar, el centro de salud, pero todo quedó inconcluso”.
–¿Se inició la construcción de viviendas en el predio de Coapanguito?
–Algunas, pero por la propia mano de los compañeros; o sea que se salieron de sus casas, y construyeron con sus propios recursos.
Las 16 casas están hechas de tablas de maderas y láminas, pero no cuentan con los servicios básicos de luz, agua y drenaje.
El 11 de julio, los damnificados se reunieron con el alcalde, Marco Antonio Leyva Mena, con el delegado de la Sedatu, y la diputada federal, Beatriz Vélez Núñez, para explicarles la situación en la que viven.
Los funcionarios, “dijeron que ellos no tenían el recurso, ni el Ayuntamiento, ni la Sedatu. La diputada dijo, ‘yo tengo que tener elementos para poder gestionar ante la federación’, lo que origina esto (interponer la queja)”, para tener recursos legales que interponer para exigir que solucionen sus demandas, porque, “ya teniendo la queja, ya matizada y sustentada de los elementos, eso va a ayudar para que esto se eleve a la CNDH y pueda exigirse a la Sedatu el presupuesto que adeuda aquí en Guerrero”, indicó el dirigente de la APPG.
Por su parte el comisariado ejidal de San Vicente, José Nava Lorenzo refirió que, los habitantes de la comunidad temen que ante la temporada de lluvias el terreno se colapse, y que en los tres niveles de gobierno saben de esa posibilidad.
Reprochó que el municipio, el estado y la federación “se echan la bolita”, diciendo que el problema no es de su administración, y aunque reconoció que los damnificados entienden bien eso, ellos representan a las dependencias, y tiene responsabilidad.
“Han querido tapar el sol con un dedo, ellos se dan cuenta… ellos sufren demencia, son incompetentes, es una responsabilidad… no venimos a pedir limosna, no venimos a entorpecer, si no a hacer valer nuestros derechos”, subrayó.