Alejandro Guerrero

Iguala

El presidente de la Unión de Usuarios de la Autopista Iguala-Amacuzac, Jesús María Flores Botello presentó ayer ante la delegación regional de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Codehum) una queja en contra de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Caminos y Puentes Federales (Capufe) y Banco Nacional de Obras (Banobras), para que vecinos de Iguala tengan la vía libre en la autopista dentro del programa Residente, o que se construya una vía alterna libre de cuotas.
La mañana de ayer, Flores Botello interpuso una queja formal por violación de los derechos humanos de libre tránsito, derecho al trabajo y desarrollo económico, en contra de los titulares de la SCT, Gerardo Ruíz Esparza; Capufe, Benito Neme Sastre; y de Banobras, Alfredo Vara Alonso.
Durante tres domingos consecutivos, automovilistas de Iguala adheridos a la Unión de Usuarios y Cámaras de Comercio, han protestado en la caseta de peaje de la carretera hacia Cuernavaca, en rechazo a que se refrende la concesión por 20 años más. En agosto de 2017 termina la tercera concesión de 20 años otorgada a esta vía construida entre 1952 y 1954.
De acuerdo con el documento entregado a la Codehum, después de la construcción de la carretera de cuota en el camino real de Iguala a Amacuzac, desde 1954 se le han otorgado tres concesiones, cada una por 20 años, sin que haya una vía alterna libre entre el tramo Amacuzac, Buenavista de Cuéllar e Iguala, “lo que constituye una práctica monopólica por parte de Capufe y la SCT”.
Además señala que durante 62 años, la gran mayoría de los caminos alternos que concurren con esta vía han sido cerrados o clausurados por Capufe y la SCT.
El pago de la cuota en la caseta es de 68 pesos para carros particulares, sólo se exentó a 2 mil 500 vecinos de Buenavista de Cuéllar a través del programa Residente, impulsado en 1998. Para el caso de algunos beneficiarios de Iguala se suspendió en 2007, tras supuestas indicaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), lo que consideran también un acto discriminatorio y arbitrario.
En el documento exigen que vecinos de Iguala sean incluidos en el programa Residente para no seguir afectando  los empleos de quienes transitan por esta vía, y que el pago de la caseta ya no genere un encarecimiento de productos y servicios que llegan al municipio.