Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Acompañado por madres y familiares de desaparecidos, el presidente del Colectivo Siempre Vivos de Chilapa, José Díaz Navarro, buscó ayer una audiencia con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, objetivo que no logró por lo inaccesible que se ha vuelto para estos grupos llegar a la mandataria, denunció.
Aparte, declaró que presentará una demanda penal en la Fiscalía General de la República (FGR) contra el obispo emérito Salvador Rangel Mendoza, por difamación en su contra al haberlo señalado como narcotraficante.
También exigió al prelado que “por humanidad” les diga a las madres que tienen hijos desaparecidos dónde está la fosa clandestina con los 30 cuerpos a la que se refirió en días pasados.
El activista fue entrevistado ayer después del informe de la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Codehum), Cecilia Narciso Gaytán, donde con las madres y familiares de desaparecidos buscó infructuosamente una audiencia con la gobernadora Salgado Pineda.
Las madres y familiares de víctimas de la violencia del Colectivo Siempre Vivos, se manifestaron con pancartas con fotografías de sus familiares ausentes y peticiones de audiencia con la gobernadora Salgado Pineda.
“Andamos tocando puertas para que se haga una búsqueda de nuestros familiares, porque ahora ya no se buscan. Ya vamos para dos años que por amenazas no hemos hecho búsquedas”, denunció el presidente del colectivo.
Agregó: “Aquí hay una representación del Colectivo que quisiera hablar con la gobernadora; queremos hacerlo de buena manera, por los canales adecuados, pero desgraciadamente no se puede, no nos deja otra opción más que irnos a la protesta, hacer bloqueos o hacer algo para que nos escuche”, advirtió Díaz Navarro.
Explicó que buscan la reunión con la gobernadora para informarle la situación que viven los familiares de los desaparecidos; “para decirle que estamos olvidados, que no somos atendidos, que hay muchos homicidios y que para un niño que su padre desapareció o lo mataron es lo mismo, ya no tiene quien le apoye en sus estudios o quien sostenga su hogar”.
Dijo que en los últimos meses hay aumentado los desaparecidos y los asesinatos en Chilapa pero que los familiares ya no denuncian y los casos quedan en el anonimato, mientras que los hijos de las víctimas que quedan en la orfandad no son atendidos por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
“En estos casos es la CEAV la que tiene que ir a buscar a las víctimas, no éstas a la CEAV; “si de verdad hay un cambio que lo demuestren haciendo eso, pero es al revés, si nosotros no andamos tras ellos, tocando las puertas y rogándoles que nos atiendan, nunca nos van a atender, ya lo estamos comprobando”.
Denunció que los casos de desaparecidos han aumentado exponencialmente en las últimos semanas y que precisamente ayer durante el informe de la presidenta de la Codehum, una policía del estado lo contactó para contarle el caso de un familiar desaparecido.
Declaró que el problema es que ya casi nadie quiere denunciar, “yo los entiendo porque los familiares tienen que presentarse personalmente a hacer la denuncia y después tienen que salir desplazados como es mi caso, que llevo dos años fuera de Chilapa por el riesgo”.
Paralelamente, Díaz Navarro se quejó que el Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, le retiró la seguridad y ahora se encuentra en un riesgo mayor por los señalamientos del obispo emérito Rangel Mendoza, quien lo acusó de pertenecer a un grupo delictivo y de narcotraficante.
Informó que ayer mismo presentaría una denuncia en su contra en la Fiscalía General del Estado (FGE), pero sus abogados le explicaron que el Código Civil del estado no contempla el delito por difamación; “es decir, cualquiera nos puede acusar de secuestrador o violador. El obispo puede decir cualquier cosa contra quien sea y nadie lo puede demandar”.
Pero anunció que, ahora, acudirá a la Fiscalía General de la República (FGR) porque allá sí se puede proceder legalmente en su contra, “porque a mí me ha llamado narcotraficante, a mis hermanos también, y eso no se lo voy a perdonar, él tiene que presentar las pruebas o tiene que retractarse de los señalamientos”.
Agregó que el grupo de madres con hijos de desaparecidos le han pedido al obispo Rangel Mendoza que demuestre su “calidad humana” y las apoye diciéndoles dónde están las fosas clandestinas en las que hace días dijo que hay 30 cuerpos, para que vayan a realizar la búsqueda.
Destacó que el número de cuerpos a los que se refiere el obispo coincide con el número de desapariciones ocurridas durante la irrupción de pobladores de comunidades de Chilapa, vinculados con el grupo delictivo Los Ardillos, a la cabecera municipal del 9 al 14 de mayo del 2015.
“Le creemos al obispo porque tiene a sus amigos que son los Ortega Jiménez, y estamos seguros que se lo dijeron ellos por eso de una manera contundente tiene conocimiento dónde están esas fosas, entonces le pedimos que de la ubicación”.
Se quejó que mientras las desapariciones siguen por la impunidad, las autoridades federales no han cumplido con 27 órdenes de aprehensión contra los integrantes del grupo delictivo que sigue operando en Chilapa.