De la corresponsalía, Chilpancingo * Siempre al lado del actual procurador de Justicia, Jesús Ramírez Guerrero, desde que juntos coordinaron el proceso electoral local de 1989, donde hubo protestas de la oposición reprimidas con muertos y desaparecidos, el subprocurador de Justicia, Miguel Barreto Sedeño, será designado la próxima semana magistrado supernumerario del Tribunal Superior de Justicia. Ayer jueves, el pleno del Congreso local dio primera lectura al escrito enviado por el gobernador René Juárez Cisneros, en el que nombra a Barreto Sedeño magistrado supernumerario del TSJ, y seguramente la asunción de éste se formalizará la próxima semana. Barreto, oriundo del municipio de Cuautla, Morelos, fungió como secretario técnico del Consejo Estatal Electoral en 1989, cuando el presidente de este organismo era Jesús Ramírez Guerrero, entonces  secretario General de Gobierno en la administración de José Francisco Ruiz Massieu.

Ambos coordinaron la elección para renovar las 75 alcaldías y las 28 diputaciones locales, y los dos fueron acusados, al igual que José Francisco Ruiz Massieu de haber perpetrado “un descomunal fraude electoral”, frase que dijo Heberto Castillo, entonces prominente dirigente del recién constituido Partido de la Revolución Democrática que dirigía Cuauhtémoc Cárdenas. Durante más de seis meses de conflicto poselectoral, según informes de la dirigencia del PRD, hubo seis desaparecidos y 15 muertos, y hasta el momento estos hechos no han sido aclarados por la autoridad, incluso existe una recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde que exige el castigo a los responsables, entre ellos al hoy procurador de Justicia, Jesús Ramírez Guerrero. Barreto Sedeño ha tenido varios cargos dentro de la administración pública local y federal. Cuando José Francisco Ruiz Massieu fue nombrado director general del Infonavit, fungió como asesor jurídico general de este organismo. Luego, después de la muerte de Ruiz Massieu, fue delegado de la PGR en varios estados del país. También fue secretario técnico del Consejo Estatal Electoral en 1993 cuando el presidente de este organismo era Abel Eloy Velasco.

Desde 1999, cuando inició el gobierno de René Juárez Cisneros, ha fungido como subprocurador de Averiguaciones Previas. Ha tenido varias recomendaciones de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Codehum). La primera fue en 1999, cuando este organismo lo acusó de haber actuado en forma ilegal en la detención del ahora diputado local del PRD, Juan García Costilla y su hijo Almícar García Estrada, a quienes pretendía involucrar en el homicidio del joven Marco Antonio López, hijo del regidor perredista del ayuntamiento de Acapulco Marco Antonio López García. También investigó a Virginia Montes y a su esposo, Angel Guillermo Martínez González, a quienes los acusó de pertenecer al ERPI.