Defraudados de las financieras Coofia y Producto Amor protestaron en el Palacio de Gobierno para exigir que el Ejecutivo estatal cumpla el convenio que firmó el gobernador Rogelio Ortega Martínez, para rescatar el dinero que perdieron y que se castigue a los responsables.
A las 11 de la mañana, los manifestantes llegaron al Palacio de Gobierno y se instalaron en el puente peatonal, sin obstruir la circulación vial en el bulevar del río Huacapa; ahí colocaron una lona en la que se leyó, “Defraudados por financieras en el estado de Guerrero, defraudados por financiera Coofia, solución”.
En 2009, 4 mil 554 familias de Xochihuehuetlán, Atenango, Huitzuco y Copalillo fueron defraudadas por la financiera Coofia a la que entregaron dinero en una caja de ahorro que suma 240 millones de pesos, que no fueron entregados a los beneficiarios.
El representante legal de los defraudados y presidente de la Alianza de Afectados por Financieras en Guerrero (Adafig), Jaime Alvarado López informó que durante las administraciones de Zeferino Torreblanca Galindo, Ángel Aguirre Rivero y Rogelio Ortega Martínez, hubo avances y disposición de las autoridades para resarcir el daño a mil 700 familias afectadas, lo que representa un pago de 34 millones de pesos.
Sin embargo, en los tres años de la administración de Héctor Astudillo Flores, las autoridades informaron que no hay recursos y no cumplieron un convenio que firmó Ortega Martínez.
Ante las circunstancias, llamó a todos los defraudados en el estado a aplicar un “voto de castigo” a los candidatos a cargos de elección popular priistas pues se trata de personajes que ya estuvieron en el Congreso local y bloquearon una iniciativa de ley que beneficiaba a los defraudados, como la ex diputada local Beatriz Alarcón Adame.
Una comisión encabezada por Alvarado López se reunió con representantes del gobierno estatal, y acordaron que el próximo 27 de junio acudirán a la Ciudad de México a una mesa de trabajo en el Fideicomiso Pago (Fipago) acompañados por el representante estatal, Arturo Latabán López, para buscar una solución a la demanda de los afectados. (Alina Navarrete Fernández / Chilpancingo).