Ramón Gracida Gómez

Familiares de desaparecidos protestaron este lunes afuera de la delegación en Guerrero de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) en Acapulco, como parte del movimiento nacional de los colectivos en rechazo al censo de desaparecidos que presentó el gobierno federal y de exigencia de un plan de búsqueda en el que participen los familiares.
Integrantes del colectivo Familiares de Desaparecidos en Guerrero y en el País María Guadalupe Rodríguez Narciso, llegaron a las 8:30 de la mañana a las instalaciones federales en la calle Fernando de Magallanes, de la colonia Costa Azul, y colocaron en el portón de la entrada una manta: “CEAV no cumple con las víctimas en Guerrero y el país”.
Dos de las 12 familiares que participaron en el acto de protesta leyeron el posicionamiento nacional que realizaron los colectivos de familiares para rechazar las cifras presentadas el 14 de diciembre por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
El documento señala que el supuesto censo realizado por Servidores de la Nación viola los supuestos de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda para la actualización del Registro Nacional de Personas Desaparecidas, “además se miente acerca de que las personas desaparecidas registradas se reducen a 12 mil 377”.
La falta de transparencia en los datos “representa la ausencia de máxima protección, se criminaliza a las víctimas, se discrimina y se hace una victimización secundaria al descalificar la lucha de las familias con juicios de valor infundados”, dijo Vladina Diéguez, una de las familiares que leyó el posicionamiento.
Por ello no aceptan la nueva cifra de personas desaparecidas ya citada; el número de 26 mil 90 de los que el gobierno federal dijo que “no tienen datos suficientes” para identificarlos; y también rechazan la cantidad de 36 mil 22 personas de las que la federación señaló que “no tiene indicios para buscarlas”.
De manera intercalada, los familiares dijeron que “es una incongruencia que digan que son 12 mil 377 personas desaparecidas confirmadas mientras en el Servicio Médico Forense y las fosas comunes de todo el país, su gobierno reportó que hay al menos 56 mil personas fallecidas sin identificar lo que significa que están desaparecidas”.
Las activistas también rechazaron el intento de desaparecer las comisiones estatales de búsqueda y responsabilizaron a las fiscalías locales de la falta de investigación y de información y denunciaron que “en la mayoría de ellas están los perpetradores de las privaciones ilegales de la libertad o los cómplices de quienes desde los grupos criminales han desaparecido a nuestros seres queridos”.
Exigieron las medidas de ayuda que otorga la CEAV y señalaron que la titular de esta institución, Martha Yuriria Rodríguez Estrada, no convoca al Sistema Nacional de Atención a Víctimas, al contrario, “instruye y alienta al personal para que se nos maltrate y no respondan ni atiendan los servicios que están obligados por ley para la dignidad de las víctimas”.
En lugar de desaparecer a nuestros desaparecidos, reviraron los familiares, el gobierno federal debe elaborar, junto con su “participación directa, un plan para buscar a los 110 mil 964 personas desaparecidas e identificar a 56 mil, como lo dicen las leyes y protocolos nacionales e internacionales para atender la crisis de desapariciones que hay en su gobierno”.
Exigieron al presidente de la República “una disculpa pública por sus lamentables declaraciones y descalificaciones de nuestra lucha” y reiteraron su disposición a luchar “porque él ha incumplido todas sus promesas de apoyo para buscar, localizar, identificar a quienes se localice sin vida y detener la violencia como condición para erradicar la diaria privación ilegal de la libertad.