El Centro Regional de Defensa de los Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos) manifestó su preocupación ante la violencia en la carretera Chilpancingo-Chilapa.
Se quejó de que es un peligro para los que viajan, y de la inacción de las autoridades para garantizar el Estado de derecho y la integridad física de los ciudadanos.
Exigió a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado que ponga en marcha estrategias para disminuir la violencia en Chilapa y que se garantice un transporte público seguro.
El gobernador Héctor Astudillo Flores y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal en un boletín dijeron que la Policía del Estado “intensificará” sus patrullajes de vigilancia en la carretera de Chilpancingo a Tixtla y Chilapa.
Los puestos de seguridad que se anunciaron fueron en la salida de Chilpancingo rumbo a Tixtla, en Zoquiapa y el Ahuejote del municipio de Tixtla, y en la comunidad de El Limón de Chilapa.
Al respecto el Centro Morelos afirmó que los puestos de vigilancia durante la semana no están permanentes, y sólo se instalan uno o dos por poco tiempo, lo que no garantiza la seguridad a los que viajan en esa carretera federal.
En un boletín emitido por el organismo manifestó que las autoridades encargadas de promover los elementos necesarios para garantizar un estado de derecho, y  garantizar la  integridad física, se deslindan de su obligación como ente garante de derechos y ante  la ola de violencia que se vive en el estado desde hace más de una década.
“En el 2017, la violencia la entidad ha rebasado las cifras de años pasados, en tan sólo 10 meses se han cometido más de 200 homicidios dolosos que han quedado en la impunidad, además de incrementarse el desplazamiento forzado que se refleja en las casas vacías de Chilapa así como de las comunidades donde el miedo y el terror es infundido por grupos de la delincuencia organizada, que actúan ante la inoperancia de las autoridades. Tal es el caso de Tetitlán de la Lima, Ahuihuiyuco y Tepozcuahutla, que en tres días se desplazaron aproximadamente 530 familias bajo el desamparo de las autoridades municipales y estatales”, recordó el organismo.
Añadió que es inaceptable la negligencia con que actúan la Secretaria de Gobernación (Segob) y la Fiscalía General del Estatal (FGE), al dejar toda la responsabilidad a policías municipales, manifestando que ellos son los encargados de la prevención del delito, que esta etapa ha sido rebasada y los niveles de violencia requieren la participación de las autoridades federales.
La  actitud de estos organismos forman parte de una estrategia perversa que pretende abonar el débil  terreno en que esta cimentada,  la  militarización de Guerrero y por ende lo que se busca es la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, resaltó.
El Centro Morelos abundó que sin embargo, como organismo civil que promueve y defiende derechos humanos considera que ese es un camino equivocado para revertir la violencia e inseguridad.
Recalcó que “las familias que sufren por el desplazamiento forzado, las ejecuciones y la desaparición forzada viven en total vulnerabilidad, pues el trauma que estos acontecimientos dejan es sumamente grave que no están siendo atendidos de acuerdo a los estándares internacionales que protegen los derechos humanos, debido a la carencia de leyes que deberían ser promovidas con prioridad para dar una mejor atención a las víctimas”.
Abundó que no existe  una ley de declaración de ausencia o presunción de muerte; no se ha reglamentado la Ley número 694, de victimas del estado libre y soberano de Guerrero; la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEAV) carece del presupuesto para garantizar la atención de las mismas, porque el presupuesto actual no ha sido administrada de manera adecuada.
Por lo anterior indicó que es importante que las autoridades se hagan responsables de las tareas que les corresponde como encargados de construir el bienestar social.
El organismo defensor derechos humanos exigió que  la FGE de seguimiento a la investigación a los casos de desaparición de personas y homicidios; que la SSP estatal ponga en marcha estrategias para disminuir la violencia en Chilapa; que se garantice el libre tránsito de la población y que se garantice un transporte público seguro (Beatriz García / Chilpancingo)

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