Lourdes Chávez

Chilpancingo

El colectivo Por Verdad y Justicia formado por el grupo de padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos que encabeza Felipe de la Cruz, exigió a la Fiscalía General de la República que llame a comparecer al expresidente Enrique Peña Nieto, así como a integrantes de su gabinete, como su secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para que den la información que tuvieron en el momento de los ataques del 26 de septiembre de 2014.
El vocero del grupo disidente de padres, que se separó de los organismos de derechos humanos, argumentó que el gabinete de seguridad pública federal era el más enterado e involucrado, “y no los han mandado a traer”.
Vía telefónica dijo que sus asesores legales de la Comision Nacional de Atención a Víctimas (CEAV) entregaron ayer el escrito de su demanda al titular de la Unidad Especial para la Investigación y Litigación del caso Ayotzinapa, Rosendo Gómez Piedra.
Ahí recuerdan que en los encuentros con el presidente Andrés Manuel López Obrador se acordó, entre otras cosas, que distintos exfuncionarios federales vinculados a la desaparición de los 43 estudiantes iban rendir declaración en carácter de testigos.
En ese tenor, pidieron que se cite para que rindan testimonio a los ex secretarios de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, al exsubsecretario de Gobernación, Luis Miranda Nava, al excomisionado Nacional de Seguridad, Alejandro Rubido García y al excomisiomado General de la Policía Federal, Enrique Francisco Galindo Ceballos.
Así como al exsubprocurador Especializado en la Investigación de Delincuencia Organizada, Rodrígo Archundia Barrientos, al director general del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, Eugenio Imaz Gispert, al exsecretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, al entonces secretario de la Marina, Vidal Francisco Soberón Sanz y a Peña Nieto.
Plantean que estas autoridades durante los hechos y su investigación inicial tienen información que aportar sobre el modus operandi, zonas de influencia y estructura de la organización criminal Guerreros Unidos.
Asimismo, de las acciones que se implementaron para combatir o desmantelar a dicha agrupación, y del momento en que tuvieron conocimiento de la desaparición de los jóvenes normalistas.
Quieren determinar si fueron partícipes de las medidas que se implementaron para auxiliar a las autoridades estatales en las indagatorias del caso o para atender al mismo desde su inicio, y al haberse hecho valer la facultad de atracción por parte de la Procuraduría General de la República, considerando que se trató de un asunto en el que estaba implicada la delincuencia organizada y un grupo de estudiantes.