De los pendientes para avanzar en la prevención y reducción de los casos de desaparición forzada en México, está que el Ejército pueda ser investigado por civiles.
Han pasado tres años de que policías en colusión con delincuentes desaparecieron en Iguala a 43 estudiantes normalistas ante la presencia de soldados, y ni siquiera por la repercusión que a nivel internacional ha tenido Ayotzinapa, se ha logrado revelar el grado de responsabilidad que tienen los militares.
En el tercer aniversario de impunidad del caso esta es la reflexión que hace en entrevista para El Sur, el abogado Leonel Rivero Rodríguez, fundador de Defensa Estratégica en Derechos Humanos.
Penalista que ha defendido otros casos emblemáticos con una clara participación de las fuerzas de seguridad pública como la Marina y el Ejército, Rivero conoce de frente la cara del Estado cuando se pisan sus intereses.
Ha sido amenazado por defender a líderes e integrantes de movimientos en resistencia. Defendió a los ejidatarios de Atenco –del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra–, en su lucha contra la construcción del aeropuerto. Entre otras amenazas que no han quedado claras, desconocidos allanaron su despacho e intervinieron sus comunicaciones en 2013.
También retomó el caso de Alberto Patishtán Gómez, indígena tzotzil, profesor y activista liberado en octubre de 2013, después de estar preso 13 años, acusado de asesinar a siete policías, lo que siempre negó, desde su aprehensión.
Fue defensor, junto a Sandino Rivero, de Nestora Salgado, una de las presas políticas de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) liberada en 2016. También ha retomado casos de desaparición forzada.

Cambiar el paradigma

Antes de los 43, Defensa Estratégica en Derechos Humanos logró hacer algunos cambios en cuanto a la búsqueda de personas en México por la Ley de Amparo. Rivero tomó los casos de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, militantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR), quienes llevan 10 años desaparecidos y cuyas familias en Oaxaca continúan exigiendo su presentación.
En materia de derecho, dice, varias organizaciones en el país han sentado bases para que se busque a personas, por ejemplo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos (Fundec), en Coahuila; Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos AC (CADHAC), en Nuevo León; o Solecito, en Veracruz.
Buscando en fosas clandestinas, integrantes de estas organizaciones han abierto nuevas esperanzas para encontrar a sus seres queridos, pero sigue faltando voluntad política para que, verdaderamente, el paradigma cambie.
Ayotzinapa es el caso de mayor visibilización de desaparición forzada, considera Rivero, pero en materia legal, las familias que exigen a sus desaparecidos han tenido que involucrar al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, lo cual tampoco ha incentivado a las autoridades mexicanas a resolverlo de una vez por todas, y que digan dónde están los 43.
–En términos de visibilización de la desaparición forzada, ¿con qué ha contribuido el caso Ayotzinapa?
–No solamente potencializó el fenómeno, se hizo más visible, demostró su crudeza y de alguna manera se le dio mayor importancia a la lucha que ya venían sosteniendo desde hacía bastantes años los familiares de desaparecidos; se demostró que la desaparición era un tema que no se reducía al narcotráfico, sino que cualquier persona podía ser objeto de una desaparición.
Con respecto a la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso Ayotzinapa, el abogado afirma que ésta estableció son una serie de protocolos de investigación forense, entre los que se le dio más importancia a la búsqueda científica a través de los trabajos de peritos forenses, “de recolección de evidencias, de las pruebas de ADN; incluso, el banco de datos de ADN de las fichas de los desaparecidos, fue una demanda que se concretó meses después de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, la cual aceleró cosas que las autoridades habían desdeñado en otras ocasiones. Hasta 2008, la prueba de ADN se le hacía nada más a la madre del desaparecido, no se llevaban a cabo los protocolos de manera adecuada; hubo un avance en el campo forense, sobre todo científico, que fue producto de esta desgracia”, lo que significa un cambio de paradigma, precisó.

La vida por encima de la muerte

Así debió ser siempre, enfatiza el abogado, y es de los aportes importantes del caso: “la presunción de vida, por encima de la presunción de muerte, que en menor medida se sigue utilizando en los temas de desaparición forzada; los protocolos que se han elaborado hasta la fecha son las formalidades que tienen las fiscalías estatales sobre cómo llevar a cabo la atención cuando se denuncia la desaparición de una persona”.
Asegura que la situación “ha cambiado en cuanto a los beneficios de los familiares de las víctimas y no es algo sumamente efectivo; se están construyendo, aún tienen muchas deficiencias los protocolos, se está tratando de revertir la presunción de muerte por la presunción de vida; se están estableciendo nuevos métodos de investigación”, reitera.
En cuanto a la Ley General de Víctimas, donde se ha hecho el esfuerzo para que las víctimas indirectas de desaparición forzada sean tratadas de forma distinta, reconoce que “es un avance en derechos humanos, pero es anterior a la desaparición de los normalistas; la reforma a la ley si es posterior, sin embargo, paradójicamente esos avances en nada han repercutido en el caso”.

Borrar estigmas, visibilizar las desapariciones

En su experiencia como abogado, Leonel Rivero ubica el crecimiento del fenómeno de desaparición forzada en 2007, en el periodo del panista Felipe Calderón, cuando “aumentó de manera exponencial en el norte; ya venía Chihuahua, pero en Tamaulipas y Monterrey sube sobre todo porque salen los enfrentamientos más fuertes entre la delincuencia organizada, se dan los primeros narcobloqueos que colapsan a Monterrey en dos ocasiones”.
Explica que en ese momento, cuando trabajaba algunos casos en Monterrey, ubica ese crecimiento exponencial. En 2009 la CIDH solicita y se obtiene una primera audiencia pública que traza el asunto de la desaparición forzada, se pone sobre la mesa lo que ahora se sigue discutiendo en México; en ese entonces, dice, el problema queda invisibilizado, minimizado, en parte por el estigma de que todos los desaparecidos pertenecían a la delincuencia organizada.
“Lo primero, cuando encontraban restos, se les llamaba narcofosas, era un estigma que ya se estaba produciendo, se trataba de vincular a las desapariciones con temas de delincuencia organizada o que las víctimas eran gente involucrada en la delincuencia”.
A CADHAC, Fundec, Solecito y a otras organizaciones y activistas se les identifica con una fuerte lucha para desvanecer ese prejuicio. Y es hasta Ayotzinapa, ya cuando se habla de más de 30 mil desaparecidos en sólo una década en el país, cuando se da una clara separación: se trataba de estudiantes.
Ayotzinapa también visibiliza “lo que ya venían diciendo algunas víctimas y algunos abogados que estaban acompañando casos de desaparición forzada: una notoria incapacidad de las autoridades judiciales para llevar una investigación; se revictimizaba a los familiares”.
A lo más que se llegaba, hasta 2008, era a que las procuradurías giraran oficios al Servicio Médico Forense (Semefo), a hospitales, a agentes de otras entidades federativas; pedir colaboración a la Interpol a ver si había una ficha roja de búsqueda y localización, eso era la parte que le tocaba hacer al Ministerio Público federal, estatal, a policías de investigación.

Saliendo del desamparo

Que se resuelva un caso de desaparición forzada, también depende del Poder Judicial de la Federación, afirma el abogado. En 2014, por los casos de desaparición forzada de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, militantes que reivindica el Ejército Popular Revolucionario (EPR) en Oaxaca, hay una reforma al artículo 15 de la Ley de Amparo. Hasta la fecha, es por esa vía que se solicita la presentación con vida de los desaparecidos.
El artículo 15 de la Ley de Amparo dice: “Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas… así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad”.
Cuando se promueve ese amparo, “lo que determina sigue siendo histórico porque no hubo necesidad de recurrir al sistema interamericano para obligar a las autoridades, y específicamente a la Procuraduría General de la República, a realizar una serie de investigaciones marcándoles la pauta, y entre ellas una que hasta la fecha no se han podido lograr: que se abran los cuarteles militares para la búsqueda”.
A 36 meses de la desaparición de los 43 normalistas, el Ejército mexicano y el Estado siguen siendo señalados como responsables en el caso Ayotzinapa.
En opinión de Leonel Rivero, “estamos hablando de luces y sombras, el juicio de amparo, si bien ha ayudado, ha demostrado sus limitaciones materiales, porque finalmente el juez no tiene los mecanismos para obligar a una autoridad a acatar sus decisiones. No podemos dejar de lado lo que siguen representando las fuerzas armadas, como un poder debidamente constituido y un poder fáctico, un poder real. Es grave, subraya por último Rivero, que ni el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) ni el GIEI hayan logrado que el Ejército abriera sus mazmorras, ante la acusación directa de que allí tenían a los 43.