Gregorio Urieta, corresponsal, Ciudad Altamirano * Las 14 hectáreas que desde 1991 reclaman como suyas los ejidatarios de Santa Bárbara, son propiedad privada y pertenecen al predio Las Querendas, propiedad de Cleotilde Santamaría Gutiérrez, quien las ha fraccionado y vendido a diversos clientes a pesar de que en las mismas el ayuntamiento de Pungarabato, a cargo de Angel Pérez Navarro, ha extendido permisos de construcción a nombre  de varios ejidatarios, aun cuando el predio ha estado en litigio. La resolución presidencial mediante la cual se dotó definitivamente de tierras al ejido de Santa Bárbara se emitió el 18 de septiembre de 1868 y una vez más el 15 de mayo de 1979, las que fueron publicadas el 30 de noviembre de 1968 y el primero de junio de 1979. Mediante ellas, se dotó “definitivamente” a Santa Bárbara, de 438 hectáreas y 168 –23–50 hectáreas respectivamente. Las resoluciones fueron ejecutadas el 3 de julio de 1991 por Servando Zárate Muñoz, comisionado para tal efecto, según documento.

Sin embargo, a pesar de que dicha información ya obra en poder del gobierno del estado, concretamente del subsecretario de Gobierno para Asuntos Agrarios, Esaú Tapia Abarca, éste solicitó al director ejecutivo de la Subsecretaría de Ordenamiento de la Propiedad Rural, la dotación de tierras al ejido de Santa Bárbara, a lo que Luis Gerardo González, director ejecutivo de la Unidad Operativa de la Subsecretaría de Ordenamiento de la Propiedad Rural le contestó mediante el oficio IX-109233146, que las actas de dotación de tierras al ejido mencionado fueron firmadas de conformidad por el presidente del comisariado ejidal y el presidente del consejo de vigilancia y un grupo de ejidatarios, con lo que se procedió a elaborar “los planos definitivos correspondientes, los que adquirieron el carácter de inmodificables”.

Más adelante, Luis Gerardo Islas González señala en contestación al oficio SSAA/0931/2001 de Esaú Tapia Abarca, que “en relación a los supracitado esta Secretaría no encuentra ningún procedimiento inacabado”. Sin embargo, a pesar de que los ejidatarios invadieron una propiedad privada y que indebidamente se pusieron a construir en terrenos propiedad de Cleotilde Santamaría Gutiérrez, podrán disponer de las 14 hectáreas de esa persona y una más de la familia Pérez Mendoza. Cleotilde Santamaría será indemnizada por sus 14 hectáreas –que ya ha lotificado– y las reuniones que siguen con la Secretaría de la Reforma Agraria serán para acordar el monto del pago. De acuerdo con Edilberto Espinosa Valdovinos, dirigente de El Barzón, los ejidatarios se aferraron a la idea de que las 14 hectáreas eran para ellos “porque así se los dijo la persona que vino a hacer el deslinde –Servando Zárate Muñoz– sin que hubiera ninguna razón legal para ello pero eso no significa que se les deba dar el terreno”, dijo.

Sin embargo, las 14 hectáreas de Cleotilde Santamaría y una más de la familia Pérez Mendoza, pasarán a poder de los ejidatarios de esa comunidad, mediante la indemnización que hará la Secretaría de la Reforma Agraria. “Eso es por la intervención de Esaú Tapia Abarca”, asegura el dirigente regional de El Barzón, quien junto con su dirigente estatal Raúl Taja Mestre, han amenazado con cerrar las oficinas de Finanzas si no se resuelve este problema y se respeta la propiedad de Cleotilde Santamaría.