La Policía del Estado reforzó la seguridad para los pagos del Programa de Inclusión Social (Prospera) en Tierra Caliente, en los cuales acompañan unos 10 agentes en las rutas, como parte de un acuerdo con los pagadores del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi) tras una emboscada en Ahuacuotzingo.
Desde este lunes se reactivaron los pagos en toda la región después de una semana que estuvieron suspendidos por el banco, y recibieron la orden de concentrarse en sus oficinas en tanto se llegaba a un acuerdo con la Policía del Estado para incrementar la seguridad.
Este lunes acudieron a pagar a los municipios de Tlapehuala, Ajuchitlán del Progreso y Zirándaro, zonas en las que habían quedado pendientes porque la Policía del Estado no contaba con suficientes elementos para cubrir estas rutas, y de los seis efectivos que solicitó el banco sólo les ofrecían cuatro.
Luego de la emboscada en Ahuacuotzingo el 25 de julio, en la región de La Montaña, donde cinco policías municipales y dos custodios de Bansefi fueron asesinados para robarles el dinero, la empresa reconsideró su operación de seguridad para los siguientes pagos y evitar riesgos sobre todo en rutas en la parte de la sierra de Tierra Caliente.
El sábado el delegado de Prospera, José Antonio Abad Mena informó que reiniciarían los pagos con el apoyo de la Policía del Estado y en algunas zonas con soldados del Ejército y en otras con la Policía Federal.
La Policía del Estado incrementó el personal en 10 agentes a la hora de pagar en las localidades desde este lunes, y se espera que hoy nuevamente el calendario quede regularizado una vez que finalicen las poblaciones que quedaron pendientes de la semana pasada.
La policía estatal informó que acudió al pago en San José Poliutla y en la cabecera de Tlapehuala, en la localidad de Cuirindalito en Coyuca de Catalán y en la cabecera municipal de Zirándaro, sin incidentes.
En Tierra Caliente no participó en este reinicio de actividades el Ejército ni la Policía Federal.
En esta región no hay policías municipales desde diciembre de 2014 porque fueron desarmados por órdenes federales tras los ataques a los estudiantes de Ayotzinapa en Iguala, y una vez que la Policía Federal se retiró de esta región a finales del 2016 la seguridad quedó en manos de la Policía del Estado, que cubre los nueve municipios. (Israel Flores / Ciudad Altamirano).