Organizaciones de la Montaña emitieron una postura política y de protesta social contra las políticas calificadas de entreguistas del presidente Enrique Peña Nieto, de los senadores y diputados durante el año, y rechazaron la Ley de Seguridad Interior, y el alza de impuestos y la gasolina.
Las organizaciones, en un comunicado declaran que, haciendo uso de su derecho de asociación, de petición, de organización, llaman al pueblo a sumarse a la inconformidad por la política entreguista de los recursos naturales y la soberanía nacional.
Cuestionaron el régimen económico de riqueza excesiva para unos cuantos y pobreza extrema para más de 60 millones de mexicanos, así como contra el enriquecimiento ilícito y la corrupción desmedida desde el poder y el encarcelamiento de los que se oponen o denuncian esas prácticas.
Rechazan el encarecimiento de la vida, que se recrudecerá con el aumento del costo de la canasta básica, el gas, electricidad y gasolinas, ante la aplicación de más impuestos a servicios e hidrocarburos que fueron plasmados en la Ley de Egresos aprobada por el congreso el 12 de diciembre, por lo que se manifestaron por un enérgico “no al gasolinazo” en 2018.
Además, señalan que los pueblos originarios se oponen a la Ley de Seguridad Interior promulgada por Peña Nieto el 21 de diciembre, a la que consideran anticonstitucional y que violenta los derechos humanos de todos los mexicanos, además de legalizar el actuar del Ejército en labores de seguridad pública, supliendo a las autoridades civiles con militares.
Remarcan que no aceptarán la militarización del país, porque el Ejército es el que más crímenes de Estado y lesa humanidad ha cometido en el país, y recordaron lo ocurrido en 1968, en 1971, el Charco, Acteal, Tlatlaya, los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa y el asesinato de Antonio Vivar en 2015.
Enfatizan que no están de acuerdo con la Ley de Seguridad Interior, que no es otra cosa que el fascismo del gobierno mexicano, y piden unidad para hacer frente de manera organizada a “la política criminal de la oligarquía extranjera y nacional”.
Asimismo, exigen la libertad de los presos políticos, la presentación con vida de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y la derogación de las reformas estructurales, y advierten que continuarán la defensa del territorio y la construcción del poder popular desde abajo.
Firman el texto el Frente Popular de Tlapa, la Organización de Popular Independiente de Guerrero, la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero, colectivo El Grito, el Frente de Comunidades por la Defensa de los Derechos Colectivos, la CNCU, el Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña, Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas (CODUC).