Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Representantes de 21 colectivos de familiares de víctimas de desaparecidos en Guerrero se reunieron ayer más de tres horas con la Gobernadora Evelyn Salgado Pineda en Casa Guerrero, a quien le reclamaron la aprobación de la Ley para Prevenir, Investigar y Sancionar la Desaparición de Personas, sin darles a conocer antes el contenido final que se aprobó.
Demandaron, además, la independencia y más recursos y equipo para la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP) y para las búsquedas, coincidieron por separado los representantes, consultados al salir.
Agregaron que también le pidieron a la gobernadora información de cuándo entrará en funciones el Centro de Resguardo e Identificación Humana de Acapulco, así como un incremento al monto de la canasta básica mensual que reciben las familias de las víctimas, que actualmente es de 3 mil pesos.

Destinarán este año 45 millones de pesos para el equipamiento del Centro de Identificación Humana

Los representantes coincidieron en que no hubo un compromiso formal de la gobernadora Salgado Pineda a ninguno de los planteamientos, sólo se comprometió a destinar este año 45 millones de pesos para el equipamiento del Centro de Resguardo e Identificación Humana.
También les prometió que se van a volverse a reunir antes de que termine su administración y la próxima semana van a realizar una visita al Centro de Resguardo de Identificación Humana para que constaten el avance de la obra.
Los representantes de las víctimas de desapariciones coincidieron en que salieron del encuentro con “pocas expectativas”, al grado de que uno de ellos, el representante del colectivo Cocuyo, Teodoro Gallegos García declaró que más que atención y diálogo, lo que necesitan de la gobernadora es voluntad política y recursos para la CEBP y para las búsquedas de los desaparecidos.
La representante del Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia Minerva Bello, Norma Garduño reconoció que saludan la aprobación de la Ley para Prevenir, Investigar y Sancionar la Desaparición de Personas, pero que les preocupa su implementación porque los diputados la aprobaron sin que se haya avisado a los colectivos que venían participando en las mesas de trabajo con sus propuestas.
“Hoy sabemos que hay una aprobación, pero no sabemos qué sí y que no pasó en esa Ley que están aprobando, creo que en términos de transparencia nos deben mucha información nuestras autoridades”, cuestionó.
La activista criticó que la de ayer fue una reunión “tardía”, tomando en cuenta que “es preocupante” el nivel de rezago en desapariciones e identi-ficación humana, por el vacío ins-titucional y la falta de coordinación entre las instituciones.
Criticó que vieron en la reunión que, a pesar de la crisis de identificación, no hay acciones coordinadas entre las instancias del Gobierno. Lamentó que mientras en estados del norte ya están tecnolo-gizados en la materia, “en Guerrero, las madres buscadoras seguimos saliendo con varillas”.
Sumado a ello, denunció que las madres buscadoras viven en un alto nivel de desprotección económica, hecho que las obliga a decidir entre si invierten los pocos recursos que tienen en la alimentación de sus familiares o los dejan encargados y se van a las búsquedas con esos recursos.
Otro problema, contó, es el “enorme problema de inseguridad por la falta de acciones preventivas para que se frene el número de desapariciones; seguimos hablando de reclutamiento infantil, seguimos, tristemente, mirando los colectivos de búsqueda que niños, infantes y adolescentes que perdieron a sus madres y a sus padres hace 10 años, hoy son compañeros en los colectivos de búsqueda”.
Cuestionó que no hay políticas públicas encaminadas a que estos niños y niñas y jóvenes, recuperen sus proyectos de vida.
Mientras tanto, las carpetas de investigación, agregó, se encuentran en un alto grado de impunidad; “no se conocen proyectos de reparación del daño por desaparición, y, desafortunadamente, el Gobierno de Guerrero no tiene un plan de trabajo para cumplimentarlos”.
La representante del colectivo Hasta e Encontrarles Guerrero, Diana Rufino Tapia, informó que también le pidieron a la gobernadora infor-mación de cuándo comienza a operar el Centro de Resguardo e Identifi-cación Humana, para reconocer a los tres mil 181 cuerpos que hay en el Servicio Médico Forense (Semefo) del estado.
Al respecto, dijo que les informaron que el Centro todavía está en preparativos y que apenas van a mandar traer el equipamiento, para el que se destinaron 45 millones de pesos este año, “esperamos que lo que van a adquirir sea de la tecnología que se necesita para los peritos y el personal capacitado que va a estar laborando”.
Otro planteamiento, fueron recursos y el equipamiento para la CEBP; “necesitamos georadares, drones, unidades de transporte, además de herramientas como varillas, palas y picos, porque lo que tiene la CEBP no es suficiente, necesitamos más”, dijo la activista.
Demandaron, además, la canalización de las madres enfermas a hospitales, “hay muchas que están enfermas de cáncer y necesitamos saber qué se va a hacer con ellas, a dónde las van a canalizar, y cual va a ser la ruta o el acercamiento que van a tener con esas madres, porque los tratamientos son muy costosos para costearlos nosotras mismas”.
La activista, aclaró que, en general, no salieron con buenas expectativas, “hemos venido reunión tras reunión, y siempre es lo mismo: escuchamos, nos escuchan, sólo es una catarsis”.
Sin embargo, dijo que esperan que esta reunión sí sea la buena y que antes de que se vaya la gobernadora les deje el Centro de Resguardo, una CEBP y una CEEAV funcionales, y que haya recursos destinados a las madres buscadoras con carpeta estatal para que sigan buscando y no desgastarlas más física, emocional-mente y económicamente”.