José Miguel Sánchez

Chilpancingo

El subsecretario de Desarrollo Político y Social del gobierno del estado, Francisco Rodríguez Cisneros, reconoció que ante los últimos hechos de violencia en Cuajinicuilapa se vive una “situación de inestabilidad” por la ausencia del alcalde Hildeberto Salinas Mariche, lo que complica las labores de coordinación para fortalecer la seguridad.
El pasado martes en Cuajinicuilapa fue asesinada a balazos la ganadera Sandra Marín, cerca del edificio del Ayuntamiento, por lo que Rodríguez Cisneros reconoció la situación como “un tanto compleja porque la ausencia de la autoridad municipal no ha permitido que tengamos una coordinación efectiva; entonces, ahí el presidente municipal estaba ausente de su responsabilidad”.
El funcionario estatal acusó que el alcalde está ausente casi desde el principio de la administración pese a que él y el secretario de Seguridad Pública hablaron para que se pudiera reincorporar a sus labores, después de que solicitó licencia al Congreso en medio de una crisis de seguridad.
“Yo le hago un llamado público a que asuma la presencia en su municipio, que asuma su responsabilidad de gobernar, porque cuando no hay una autoridad pasan ese tipo de cosas, ya ocurrió en el pasado, el presidente estaba ausente y dialogamos con él y prácticamente lo instalamos”.
El alcalde Salinas Mariche se ausentó de Cuajinicuilapa el 29 de octubre del año pasado por amenazas de grupos delictivos y por hechos de violencia ocurridos en el municipio. Fue hasta el 11 de noviembre que reapareció en una reunión con Rodríguez Cisneros y el secretario de Seguridad Pública estatal, Josué Barrón Sevilla.
Este miércoles en entrevista en el Congreso del Estado, el funcionario estatal dijo desconocer si el alcalde tiene amenazas nuevamente, ya que no hay ninguna denuncia ante las instituciones.

Desconoce si cámaras retiradas del mercado central eran de la delincuencia

Rodríguez Cisneros dijo que desconoce si las videocámaras parásitas retiradas del Mercado Baltazar R. Leyva Mancilla eran utilizadas por el crimen organizado o para actividades ilícitas.
El funcionario explicó que el operativo realizado el pasado martes por el gobierno federal en coordinación con el estatal y municipal, pero no precisó cuántas cámaras fueron retiradas.
“No sé qué uso se les daba, se entrevistó a los locatarios y a la administración del Mercado y dijeron desconocer de las cámaras, ya será la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Fiscalía General de la República (FGR), quienes realicen los actos de investigación y deslinden o asignen responsabilidades”.
Ante la inconformidad de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) porque la armonización de la reforma federal indígena no incluye al sistema de justicia comunitario, Rodríguez Cisneros dijo que hay un diálogo permanente y que hay respeto institucional del estado con las policías comunitarias.
Agregó que el lunes se reunió con representantes de la CRAC, aunque evitó revelar los temas, aseguró que no fue por el tema de la armonización de la reforma.