Caterina Morbiato

El Sur / Ciudad de México

La reducción de 95.3 por ciento de los recursos dedicados a la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación (DGESPE), convertida en Educación Superior para el Magisterio, es una medida que mata la esperanza de un futuro mejor para México, alerta Manuel Gil Antón, profesor investigador del Centro de Estudios Sociológicos de El Colegio de México y director académico de Educación Futura.
De acuerdo con el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2021, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) prevé destinar a la anterior DGESPE, responsable de las escuelas normales, un presupuesto de 20.6 millones de pesos para todo el año, en contraste con los 461.4 millones de pesos que se le asignaron en 2020.
En entrevista con El Sur, Gil Antón evaluó el enorme recorte presupuestal ordenado para hacer frente a la crisis por Covid-19, como “el peor de los mensajes”, ya que uno de los planteamientos de la reforma educativa impulsada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador fue la recuperación de la dignidad del magisterio, tras años de desprecio y exclusión.
“La caída del presupuesto para apoyar la transformación de las escuelas normales, quiere decir que es sólo de palabra el compromiso que se hizo para el mejoramiento de las escuelas especializadas en el oficio más importante del país, que es el oficio de la docencia: son los intelectuales más importantes en México y son a quienes se les da menos dinero”.
“Esto es muy descorazonador, sobre todo si se piensa que los normalistas estaban haciendo un congreso democrático para construir desde abajo, con participación de la representación de las normales, un proyecto comprometido con el cambio”, lamentó el prestigiado experto en educación.
La disminución presupuestal a los programas de transformación de las escuelas normales del país y la capacitación de nuevos docentes ha sido una constante: para el ejercicio fiscal 2016 se destinaron a la DGESPE mil 189.7 millones de pesos, mientras que en 2017 el presupuesto otorgado fue de 849 millones de pesos, según consta en el Diario Oficial de la Federación.
En el presente sexenio la reducción se agudizó, pasando de 738 millones de pesos asignados en 2018, a 447.5 millones de pesos en 2019. Los 461.4 millones de pesos presupuestados en 2020 representaron un aumento raquítico.

“Régimen de ciudadanos, no de súbditos”

En noviembre de 2019, la Secretaría de Educación Pública (SEP) entregó al Congreso de la Unión la Estrategia Nacional de Mejora de las Escuelas Normales, un documento que remarcaba la importancia de considerar a las escuelas normales como “una inversioìn hacia el futuro de Meìxico” y no como un rubro secundario.
Entre las líneas a seguir, la estrategia abogaba por una “autonomía de gestión curricular y pedagógica, administrativa y financiera” de estos centros de formación, siempre y cuando dependieran por completo de la SEP y sin liberar a los estados de la obligación de asegurarles la suficiencia presupuestaria, con transparencia y rendicioìn de cuentas.
“Cuando le reduces el presupuesto a la educación, impides que las normales avancen en un tipo de autonomía formativa, que dejaría de producir operarios de las decisiones del Estado, para ser profesionales de la enseñanza crítica –enfatizó Gil Antón–. Quitándoles el presupuesto, matas ese proceso. Pasar a 20 millones significa anular todas las palabras de la Constitución y todos los discursos, porque donde está tu tesoro está tu corazón”.
El proyecto de la Cuarta Transformación tendría que tomar la educación como una de las apuestas más fuertes, para realizar un cambio efectivo y alcanzar “un régimen de ciudadanos y no un régimen de súbditos”, dijo.
“El régimen de súbditos deriva de la escuela como reproductora de la desigualdad y de la ideología dominante, que ejerce una violencia simbólica brutal sobre las clases populares, los pueblos indígenas y sobre la mayoría de la población que no tiene los intereses de la clase dominante”.

El gobierno pagó 450 millones a cuatro televisoras

Las 263 normales públicas del país cuentan con cerca de 90 mil estudiantes inscritos. Con los recortes previstos para el próximo año, cada normalista tendría asignados 229 pesos anuales para distintos ámbitos académicos.
Esto es particularmente grave para un sector de la educación que presenta carencias estructurales, como la marcada brecha tecnológica, que no permite que estudiantes y maestros accedan a la educación a distancia, ahora tan requerida.
“En mi escuela no hay internet desde hace 15 años. ¿Cómo podría la escuela solventar el pago de internet por sí misma o cómo podría la SEP decir que va a instalar este servicio, si sólo cuenta con estos 20 millones de pesos, que distribuidos entre más de 200 normales se vuelve una cantidad ridícula?”, cuestionó Juan Manuel Rendón Esparza, ex director y maestro de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros.
El docente recordó, entrevistado por El Sur, que el gobierno pagó 450 millones de pesos a cuatro televisoras: Televisa, TV Azteca, Milenio e Imagen, por el servicio de transmisión de los programas escolares Aprende en Casa y que hubo poca transparencia acerca de qué recursos fueron asignados a los maestros que se incorporaron a esa iniciativa.
“¿Cuáles son las razones que hay, para justificar una reducción draconiana del 95.3 por ciento? Las autoridades no lo explicaron, lo único que está detrás es la política de austeridad. Pero creo que una política de austeridad tiene que saber diferenciar los sectores estratégicos y en este momento salud y educación, además de seguridad, son sectores fundamentales para el desarrollo nacional”.
De concretarse el recorte presupuestal, continuó Rendón Esparza, las normales rurales enfrentarán consecuencias alarmantes. Mencionó también la reciente reducción de la matrícula de la Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga, de Tiripetío, Michoacán, medida que desde hace meses mantiene en estado de protesta a los normalistas locales.
Los maestros egresados de las normales rurales son los que atienden las escuelas multigrado, que representan a más de 40 por ciento de los planteles de educación básica en México. Junto con la reducción del presupuesto, la disminución de la matrícula significa dejar sin sustento a estas instituciones, que brindan un servicio importante en numerosas poblaciones de las zonas rurales y más desatendidas del país.
En el PPEF 2021 también se prevé una reducción de 45 por ciento de los recursos asignados a la formación continua de los maestros en activo.
Ante el recorte, académicos y docentes normalistas han exigido que se revoque la reducción presupuestaria prevista. En un documento difundido el pasado 15 de septiembre, el Consejo Nacional de Autoridades de Educación Normal (Conaen) solicitó la creación de un programa y presupuesto específicos, que atiendan las demandas del normalismo presentadas en el congreso nacional, realizado en mayo de 2019, como la autonomía financiera y de gestión, entre otras.

Gasto público en educación, poco atractivo

Obtener resultados en materia de educación toma tiempo, no hay que tener prisa. Se necesitan periodos largos que, por lo general, rebasan las medidas de los sexenios dictadas por la política. Este elemento temporal determina que el gasto público en educación no figure entre las prioridades de los gobernantes, señaló Ana Bertha Gutiérrez, investigadora del Observatorio Económico México ¿Cómo Vamos?
“Habría que hacer un estudio más a fondo para conocer cuáles serán los impactos económicos futuros, pero los recortes se tienen que hacer cuidadosamente y de manera que los niños y niñas del país no se vean demasiado afectados”, dijo a El Sur.
Las cifras de agosto 2020 de la SHCP indican que el gasto dedicado al ramo administrativo de educación pública ha sufrido una reducción paulatina, remarca. En enero de 2020, antes del brote de Covid-19, se registró un aumento relevante respecto a febrero 2019, pues para ese mes, el gasto neto total dedicado a la educación pública llegó a casi 120 por ciento anual.
El panorama cambió tras la embestida de la pandemia. Durante junio, julio y agosto de 2020, el gasto fue menor respecto al mismo periodo de 2019: en junio bajó 19 por ciento, en julio fue 6 por ciento menor, mientras que en agosto se achicó 8 por ciento, en comparación con el año pasado.
“Esto es preocupante. Uno esperaría que hubiera un incremento en el gasto para responder a las nuevas necesidades que la educación pública ha tenido con la pandemia. No sólo se trata de seguir con la normalidad, hay que invertir para llegar con la educación por medio de televisión a la mayor parte de la población. Se tendría que gastar en preparar a los profesores para enfrentar este tipo de educación vía remota”, puntualizó Ana Bertha Gutiérrez.
Otro síntoma de que este rubro no es prioritario para la actual administración, es el alza de apenas 0.2 por ciento del gasto que el PPEF 2021 dedica a la SEP.
“Hay que recordar que estos paquetes económicos se presentaron en el contexto de la pandemia, es decir que ya incorporan todo lo que pasó este año y lo que creen que va a pasar. Pensar que es justificable un aumento tan bajo es un foco naranja, porque no se está dando un impulso a la educación”.
Para tener una idea de las prioridades del gobierno, Ana Bertha Gutiérrez invita a prestar atención a otros rubros, por ejemplo al de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que registra un aumento de 16 por ciento a su presupuesto en el PPEF 2021.
Para el ramo administrativo de salud se prevé crecer 9.1 por ciento el monto destinado a la Secretaría de Salud. Esto no incluye al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ni al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), cuyos gastos fueron menores de lo que se tenía programado.
“En parte, esta reducción ha sido por un ajuste del gasto público, respondiendo a la situación de emergencia que no se esperaba. Pero hay que poner atención, no sólo ahora, sino en los próximos años, al gasto que se hace en la educación pública y, más allá del gasto, a la calidad de los proyectos que deben ser construidos con estrategia y objetivos bien planteados”, advirtió la especialista.
Al recortar el gasto en educación, concluyó Ana Bertha Gutiérrez, se perjudica el potencial crecimiento del país, ya que un sistema educativo debilitado también implica menores capacidades de innovación y un peor nivel de vida para la toda población en México.