A un mes del enfrentamiento de militares y policías estatales con el autodenominado grupo Comunitarios por la Paz y la Justicia en Tlaltempanapa, municipio de Zitlala, los civiles armados retomaron el sábado el control de esa comunidad nahua, aseguró el presidente del colectivo de familiares de desaparecidos de Chilapa, Siempre Vivos, José Díaz Navarro.
El vocero de seguridad del gobierno del estado, Roberto Álvarez Heredia, había informado que tras el enfrentamiento el 14 de julio, hubo el acuerdo que los militares y policías estatales se harían cargo de la seguridad en ese pueblo.
Díaz Navarro informó que el sábado regresaron los líderes de los civiles armados y que realizaron una reunión para reanudar los retenes en las entradas del pueblo.
Advirtió que es posible que se reanuden los asesinatos y desapariciones en la zona.
“El grupo delincuencial que opera en Tlaltempanana y que se autonombra Policía Comunitaria por la Paz y la Justicia regresó el día de ayer (el sábado) por la mañana y en la tarde se reunieron con la población en la cancha de la comunidad, por lo que se prevé que nuevamente se susciten nuevos casos de desaparecidos, asesinatos, secuestrados y levantados en esa zona donde opera esta célula de Los Ardillos”, denunció vía telefónica el presidente del colectivo Siempre Vivos.
Dijo que el grupo de civiles armados es encabezado por Hermelindo Cuchillo Axel alias, El Hermes, “quien recibe órdenes directas de los hermanos Celso e Iván Ortega Jiménez”.
Paz y Justicia se había retirado de esa comunidad a raíz del enfrentamiento a pedradas y a palazos de habitantes con militares y policías estatales el 14 de julio con resultado de 20 personas heridas entre pobladores y militares y policías estatales.
Luego de ese enfrentamiento autoridades estatales y mandos del Ejército firmaron acuerdos con las autoridades del pueblo y el dirigente del grupo Paz y Justicia. Se estableció que se harían cargo de la seguridad del pueblo el Ejército y la Policía Estatal. Asimismo el presidente de la agrupación Tranquilino Talatzin Tranquero se comprometió a entregar a los responsables del ataque en el que murió un indígena de Quetzalcoatlán y otro resultó herido.
También se comprometió a entregar cinco armas largas que los vecinos de Tlaltempanapa habían quitado a los militares en el primer enfrentamiento.
El 15 de julio en una operación de militares y policías estatales detuvieron a cuatro presuntos implicados en el ataque a dos indígenas, y decomisaron 20 motocicletas y cinco vehículos; al día siguiente unas 80 personas mujeres, niños y ancianos armados con piedras y palos acudieron al auditorio de la cabecera municipal en donde estaban los cuatro detenidos, las motos y los vehículos que habían sido decomisados y los recuperaron.
A un mes del primer enfrentamiento, la tensión vuelve a ese pueblo luego de que según Díaz Navarro los dirigentes de los civiles armados ya regresaron el sábado, debido a que, denunció, el Ejército y la Policía nunca asumieron en los hechos la seguridad y el control.
Apenas la semana pasada, durante el foro Contra el dolor y el miedo: un grito de esperanza, por la presentación la justicia y la verdad de las personas desaparecidas, organizado por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Díaz Navarro responsabilizó al grupo Paz y Justicia de más de 155 asesinatos en Chilapa y de más de 100 desaparecidos.
Díaz Navarro hizo la acusación ante Jan Jarab, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México (OACNUDH); Luis Raúl González, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH); y Ariel Dulitzky, ex miembro del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas.
Díaz Navarro entregó un documento en el que pide su intervención para que los gobiernos federal y estatal desarmen a ese grupo que se hace llamar Policía Comunitaria por la Paz y la Justicia que ha venido provocando la violencia sobre todo en el municipio de Chilapa.
Dijo que esta agrupación tiene sede en el municipio de Quechultenango y que la encabeza Celso Ortega Jiménez, hermano del ex presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso local, Bernardo Ortega; “ellos son los que se han adueñado de nuestras vidas no sólo en Chilapa, sino en Zitlala, en Ahuacuotzingo, en José Joaquín de Herrera, en Mártir de Cuilapan y hasta en Tixtla”, acusó.