Caterina Morbiato

El Sur / Ciudad de México

Las familias desplazadas de las comunidades de Leonardo Bravo (Chichihualco) y Tlaltempanapa, municipio de Zitlala, volvieron a instalar su plantón frente a la sede de la Secretaría de Gobernación (Segob) en la capital del país.
Del 26 al 30 de marzo pasado, las familias habían permanecido en plantón frente al Palacio de Cobián. Durante las fechas festivas de Semana Santa, cuando las dependencias del gobierno suspendieron sus actividades, se retiraron. Y ahora que la dependencia ha reanudado labores, los desplazados han regresado también.
En entrevista con El Sur, la directora y abogada del Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), Teodomira Rosales Sierra, denunció que las familias continúan “vulnerables y solas” debido a que el acuerdo firmado el 27 de marzo de 2019 con el subsecretario de Derechos Humanos, Poblacióssssn y Migración de la Segob, Alejandro Encinas Rodríguez, no se ha cumplido.
Entre los puntos incumplidos están el repliegue del grupo armado que provocó el desplazamiento de estas familias y garantizar su seguridad.
Rosales Sierra agregó que de las 135 familias desplazadas –unas 300 personas en total– de varias comunidades del municipio de Leonardo Bravo, solamente 80 recibieron ayuda humanitaria y fueron inscritas en el Registro Nacional de Víctimas (Renavi).
“Queremos que el resto de las familias también reciba la calidad de víctima para que se puedan atender con especialistas según las enfermedades que tienen”, explicó.
Respecto a las familias nahuas de Tlaltempanapa, la abogada dijo que se está pidiendo su reubicación ya que no pueden regresar a sus territorios porque el grupo armado que las desplazó está utilizando sus casas y tierras, donde han sembrado amapola y mariguana.
“Pedimos que nos hagan casas, que nos den terrenos porque somos campesinos y tenemos que trabajar para comer. Que sea donde vea el gobierno que haya más campo para nosotros. Somos siete familias que estamos pidiendo la reubicación, somos 21 personas juntos con los niños”, manifestó por su parte Joaquina Cantor Gasparillo, originaria de Tlaltempanapa y desplazada desde noviembre de 2018.
Rosales Sierra expuso que durante el año pasado varias personas desplazadas fallecieron por Covid-19 debido a la falta de atención médica con que tienen que lidiar a causa del incumplimiento de las autoridades federales.
Ni siquiera aquellas familias que cuentan con la calidad de víctimas, resaltó, recibieron el apoyo destinado a la atención médica especializada.
“Ahora hay muchísimos nuevos desplazados. Guerrero es un estado de fuerte vulnerabilidad: hay muchas empresas de minería y de madera que están entrando y están ocasionando desplazamiento forzado”.
Con frecuencia, continuó, estas empresas establecen acuerdos con grupos del crimen organizado, lo que provoca enfrentamientos que afectan gravemente a la población civil que se ve forzada a migrar.
Asesinaron a su hija embarazada y a su nieta de 6 años

Entre las cerca de 60 personas desplazadas que participan en el plantón se encuentra Ángela Salgado García, de 65 años y originaria de la comunidad de Buenavista de la Salud. Ella perdió a su hija más joven, que estaba embarazada y viajaba de una comunidad a otra con sus dos hijas pequeñas –de 4 y 6 años– cuando fue asesinada junto con una de las niñas.
Era abril de 2018 y Ángela y sus familiares ya vivían desplazados en Chichihualco, en donde se habían refugiado para huir de la amenaza de grupos del crimen organizado que se quisieron adueñar del poco ganado que tenían.
Después del asesinato de su hija y su nieta de 6 años, Ángela y su esposo pidieron asilo en Estados Unidos, pero su petición no fue aceptada; en lugar de eso, fueron encerrados en dos distintos centros de detención para migrantes. Ahí permanecieron cuatro meses ella y seis meses él, antes de regresar a vivir en Chichihualco, en donde todavía no cuentan con una casa ni con atención médica especializada.
“No tienen dónde vivir, por eso se le pide al gobierno que atienda a estas familias y les garantice seguridad, alimento, educación y salud”, insistió Rosales Sierra.
A decir de la abogada, urge contar con una ley específica del Código Nacional de Procedimientos Penales que tipifique el desplazamiento forzado como delito. De hecho, debido a esta carencia, las personas desplazadas difícilmente pueden conseguir recursos para regresar a tener una vida digna y sin violencia.
“Pero lo que vemos es que la Ley General de Víctimas habla del desplazamiento interno forzado. Entonces, quieras o no, ellos son víctimas y por lo tanto la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) tiene la obligación de otorgarles las medidas humanitarias”, remarcó Rosales Sierra.
La tarde de este lunes Misael Rojas, funcionario de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, contactó a la representante del Centro Morelos para pactar una reunión con quienes integran el plantón.